El Gobierno español ha desclasificado este miércoles cerca de 40 documentos de los servicios de información policiales y militares relacionados con la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio, con el objetivo de reforzar la tesis de que ningún organismo advirtió al ejecutivo de una avalancha de las dimensiones que finalmente se produjo. Entre los informes publicados, sin embargo, hay uno del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil que ya alertaba el 8 de julio de posibles consecuencias migratorias a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio. La resolución establecía que las personas interceptadas en aguas bajo soberanía o jurisdicción española, así como las que accedieran al territorio por vía marítima, "no podían ser objeto de rechazo en frontera". Ante este nuevo escenario jurídico, la Guardia Civil advertía que la sentencia "previsiblemente incrementará la presión migratoria" sobre Ceuta y Melilla y que podía generar un "efecto llamada".
El informe de la Guardia Civil señalaba que los ingresos por mar eran ya difíciles de gestionar con antelación, ya que esta vía de entrada "presenta una elevada dificultad para su detección e intercepción temprana". Por eso, consideraba que la sentencia del Supremo no solo complicaría aún más la respuesta de las fuerzas de seguridad, sino que podía acabar provocando una "sustitución progresiva" de los intentos por vía terrestre por accesos marítimos, sobre todo desde puntos cercanos a la frontera.
El aviso de la Guardia Civil no fue el único documento previo que apuntaba a un aumento de la presión migratoria después de la sentencia del Supremo. El 27 de julio, solo tres días antes de la entrada masiva, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional (DAO) registró un comunicado de "hechos relevantes" sobre una "entrada masiva a nado de inmigrantes" vinculada a la resolución judicial. El documento, elaborado en Ceuta, cifraba en 748 las entradas irregulares acumuladas desde el 8 de julio y añadía 492 adultos pendientes de ingresar en el centro de internamiento de extranjeros (CIE), hasta un total de 1.240 personas. En este sentido, un segundo informe de la Guardia Civil alertó de que las entradas en Ceuta habían aumentado un "837%" antes de la entrada masiva.
La Guardia Civil pedía un refuerzo de la frontera
Volviendo al informe del pasado 8 de julio, la Guardia Civil no se limitaba a advertir del riesgo, sino que planteaba medidas concretas para reforzar la frontera 22 días antes de la crisis de finales de julio. Entre las primeras propuestas figuraba aumentar los efectivos del Servicio Marítimo Provincial de Ceuta, responsable del dispositivo destinado a impedir el acceso de nadadores a la ciudad autónoma. El informe también proponía reforzar el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en Melilla, con el objetivo de "mejorar las capacidades de detección" y respuesta ante personas que intentaran llegar a nado.
La Guardia Civil reclamaba, además, "potenciar los sistemas tecnológicos de detección temprana y vigilancia costera" tanto en Ceuta como en Melilla, complementando los medios marítimos y terrestres y permitiendo anticipar los intentos de entrada. El documento iba aún más allá y planteaba una reforma de la ley de extranjería para ampliar expresamente "el régimen de rechazo a frontera" a cualquier entrada irregular en ambas ciudades autónomas fuera de los pasos habilitados, independientemente de que se produjera por tierra, mar o cualquier otra vía.