El Govern ha acordado este miércoles plantear un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real decreto ley del Gobierno en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.

El Consejo Ejecutivo ha acordado poner en marcha la vía judicial una vez analizado el informe del Consejo de Garantías Estatutarias, que concluye que diferentes preceptos de la Ley son contrarios a la misma Constitución española (CE) y vulnera las competencias propias reservadas a la Generalitat de Catalunya.

Según el ejecutivo, estos artículos modifican cinco leyes y un real decreto ley relacionados con la identificación electrónica de ciudadanos ante las administraciones públicas, la firma electrónica, la ubicación territorial de los datos personales, la prestación de los servicios de tratamiento y la cesión de los datos, la gestión directa e intervención administrativa de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, el procedimiento sancionador en materia de telecomunicaciones y la coordinación de la respuesta técnica a los incidentes de seguridad informática.

En concreto, el informe del Consejo de Garantías Estatutarias señala que estos artículos son contrarios a la Constitución, exceden las competencias del Gobierno, vulneran las competencias de la Generalitat y son contrarios al reglamento de la Unión Europea relativo a la protección de las personas físicas, con respecto al tratamiento de datos personales. Sin embargo, cuestiona la extraordinaria y urgente necesidad para su aprobación mediante un real decreto ley.

Hay que recordar que el viernes pasado la Sindicatura de Greuges de Catalunya presentó en el Parlament la resolución sobre el decreto ley digital que concluía la vulneración de los derechos y las libertades fundamentales. Para el Síndico, la libertad de expresión y comunicación, la prohibición de la censura previa y la necesidad de autorización judicial para intervenir las comunicaciones se podrían ver afectadas por la norma.

El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, ya anunció al principio de mes una ofensiva en todos los ámbitos jurídicos y políticos para defender las competencias del Govern de Catalunya en el ámbito digital.