El plan de refundación de la DGAIA, anunciado por el Govern y que este lunes ha presentado la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, va más allá de reformar la Dirección General de Atención a la Infancia  y la Adolescencia (DGAIA) y apuesta para suprimirla. Tal como ha explicado la titular del departamento, a raíz de la doble crisis que sufre el ente, se creará de cero una nueva dirección general centrada en la prevención y la protección de menores, que ahora está en cuestión. El nuevo organismo se llamará Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA), se creará la próxima semana, en el Consell Executiu del próximo martes 3 de junio, a través de un decreto. 

"Este plan nos tiene que permitir transformar y abrir una nueva etapa, dejando atrás la DGAIA y refundándola hacia un sistema más ágil y eficiente, que prevenga las violaciones de los derechos a los niños y que los proteja de manera más efectiva", ha manifestado la consellera al inicio de su intervención. 

Sin presupuesto

Martínez no ha detallado el presupuesto de esta nueva transformación, a pesar de que ha asegurado que "se destinarán todos los recursos que hagan falta" y ha recordado que hay unos "50.000 expedientes abiertos". La consellera ha insistido que en los últimos años hay muchos más menores que necesitan la asistencia de la Generalitat. Según datos de la Fiscalía de Menores, el 2023 había unos 13.000 expedientes de protección abiertos por menores en riesgo. De estos, cerca de 9.000 están en centros de la Generalitat, separados de los padres.

La clave de la nueva DGPPIA es que tendrá dos nuevas subdirecciones, que se centrarán en la atención a los menores, y la gestión económica la tendrán otras direcciones del Departament de Drets, como las ayudas a jóvenes extutelados, que ahora  están bajo sospecha y que investiga la Sindicatura de Comptes y la Oficina Antifrau de Catalunya. Las entidades del Tercer Sector son las encargadas de conceder estas ayudas, y esta competencia delegada se les retirará a partir del 31 de diciembre de este año y lo gestionará la Generalitat.


La consellera ha anunciado que ha encargado una auditoría de todos los servicios y que han pedido a todas las entidades y fundaciones, que tienen que enviarles las auditorías del ejercicio 2024, como hay que hacer siempre. 

Así, la Direcció General de Prestacions Socials, será la encargada de las ayudas a jóvenes extutelados. Y, la contracción de plazas en los centros irá a cargo de la Direcció General de Provisió de Serveis.  Y las nuevas subdirecciones serán: La Subdirecció de Prevenció i Atenció a la Infància i l'Adolescència, que se centrará en la tarea de prevención, el servicio de coordinación de Barnahus (atención a menores que han sufrido agresiones sexuales); y la Subdirecció de Protecció a la Infància i Adolescència Tutelada i Extutelada, donde se incluye un servicio de atención a Jóvenes Migrantes Solos, y un servicio de atención y urgencias de maltrato.  Además, se creará una Oficina de Control de Gestió y una Unitat de seguiment d'incidències i Revisió de Protocols.

Contratación de 300 profesionales

La consellera ha explicado que el Govern contratará a unos 300 profesionales hasta 2027 para la atención a los menores bajo la tutela o guarda en los centros que hay en los municipios. 

En la atención a los menores, ya se ha nombrado un nuevo cargo, una subdirectora, Ester Vallbona, psicóloga clínica, y coordinadora de los medios con los equipos locales (EAIA), que son los que detectan si un menor o adolescente está en riesgo.

Acción contra "depredadores digitales"

La consellera ha especificado que se renovarán los protocolos, como por ejemplo el trabajo conjunto con los Mossos d'Esquadra  para "controlar a los depredadores digitales", tal como pasó con la menor bajo la guarda de la DGAIA explotada sexualmente, caso descubierto recientemente, en el final de la investigación, y donde, al menos hay otro menor de 14 años afectado.

Preguntada por este caso, Martínez ha asegurado que "están buscando al tutor de la menor para personarse como acusación popular", a pesar de las dificultades procesales porque la causa está casi cerrada. En este sentido, la consellera ha declarado que se reforzará el control del millar de menores que se escapan de los centros de la Generalitat.

Nuevo sistema de desamparo

Finalmente, la consellera también ha adelantado que se prepara un nuevo sistema administrativo de desamparo de menores para que sean una excepción los casos en los que los niños y adolescentes son separados de sus padres, tal como recomienda la Síndica de Greuges. Esta modificación se estudia con el Departament de Justícia, ha precisado.