El ejecutivo de Pere Aragonès aprobó el pasado mes de marzo los presupuestos del 2023 gracias a los votos de PSC y comunes, cuando todavía no hacía medio año que el pacto de gobierno con Junts había saltado por los aires. Tres meses después, el gobierno ha puesto de nuevo en marcha la maquinaria para elaborar el proyecto presupuestario del próximo año y, según ha explicado la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, esta vez Junts per Catalunya será el socio prioritario, el "primer partido" con quien el ejecutivo "establecerá los pactos que haga falta".

Después de un fin de semana en que el PSC ha multiplicado su presencia en las alcaldías catalanas y a punto de entrar en una nueva campaña electoral, Vilagrà ha insistido en recordar el llamamiento de Aragonès a un frente democrático ante el avance de la derecha españolista y ha enmarcado la voluntad de priorizar las conversaciones con Junts en la necesidad de "trabajar para mantener y defender el modelo de convivencia de Catalunya". "Necesitaremos trabajar intensamente con este partido político", ha insistido la consellera, que ha querido subrayar repetidamente en que "no es solo un tema presupuestario, es también político y de defensa del país".

Al ser interrogada sobre el hecho de que los últimos presupuestos se acordaron con el PSC y comunes, ha admitido que ERC no tiene suficiente con el apoyo de los diputados de Junts y, por lo tanto, al igual que hicieron en aquella ocasión la intención es negociar con todos los grupos parlamentarios.

Ley audiovisual

La consellera ha comparecido en la rueda de prensa para anunciar la aprobación del anteproyecto de ley de comunicación audiovisual de Catalunya, que actualiza el anterior texto, de 2005, y que ha de servir para adaptar la norma a las directivas europeas. Según Vilagrà, esta nueva ley debe ser "una herramienta importantísima de promoción de la lengua", pero también introduce "mucho énfasis en la lucha contra la presión estética". Sin embargo, la nueva ley no contempla las sanciones, dejando esta cuestión en manos del Parlament que es quien, según la consellera, "establece habitualmente el régimen sancionador".

La ley establece la regulación para las empresas e instituciones de Catalunya, como la plataforma Filmin o las productoras audiovisuales catalanas. En cuanto a la presencia del catalán, y dado que la directiva europea fija que un 51% de la producción debe ser en lenguas europeas, el Govern reclama que de este porcentaje la producción que se haga en Catalunya el 51% sea en catalán.

Reunión con Collboni

La consellera, a pesar de insistir en los reproches sobre la llegada de Jaume Collboni al Ayuntamiento de Barcelona, a través de lo que ha descrito como una "operación de Estado", ha asegurado que el Govern trabajará intensamente con el nuevo gobierno de la capital y que en los próximos días se celebrará una reunión entre el president de la Generalitat y el alcalde de Barcelona, dado que los respectivos equipos están ya buscando una fecha.

En respuesta a las cuestiones que Collboni reclama negociar con la Generalitat, la responsable de Presidència ha insistido en que la ampliación del aeropuerto del Prat deberá salir adelante con el apoyo de los ayuntamientos afectados. En cuanto al acuerdo que el Govern negocia con el Estado sobre la B-20, el llamado Quart Cinturó, lo ha vinculado a inversiones por valor de 914 millones de euros para la mejora de infraestructuras, entre las cuales el corredor de la C32 y la NII del Maresme, al que se destinará una partida de 384 millones; la N260 del Eix Pirinenc, con 260 millones; y 250 para mejorar los accesos a la AP7 y AP2.

Revertir la elección de Orriols

La consellera se ha referido también a la llegada de Aliança Catalana a la alcaldía de Ripoll. Ha reprochado que aunque "ERC, PSC y CUP fueron capaces de articular un frente democrático" para evitarlo, "Junts per Catalunya no estuvo a la altura, ni desde la dirección nacional ni desde la local, con planteamientos erráticos y tibios". "Espero que todos hayamos aprendido", ha afirmado Vilagrà, que ha dejado claro que la elección de Sílvia Orriols "no es un hecho que no se pueda revertir, al contrario" y ha mostrado la confianza "en que se pueda trabajar para revertir esta situación".