El Govern pone en marcha este lunes la Oficina de Atención Ciudadana móvil (OAC móvil), un nuevo servicio con el que quiere acercar los trámites y servicios presenciales de la Generalitat en todo el territorio y que, según explica, “da un salto de calidad” en la atención a la ciudadanía. La iniciativa cuenta con cinco vehículos que recorrerán las ocho veguerías del país para llegar especialmente a los municipios más alejados de las oficinas físicas, con poca población o con dificultades de movilidad. El objetivo es garantizar un acceso “de calidad, equitativo e inclusivo” a los servicios públicos, llevando la administración a zonas rurales y territorios menos conectados.

Las nuevas oficinas móviles darán cobertura a unos 200 municipios, que en total suman más de 600.000 habitantes, con la posibilidad de realizar trámites y gestiones presenciales sin tener que desplazarse lejos de su entorno habitual. El Govern destaca que esta proximidad permitirá reducir desplazamientos, “facilitar el día a día” de la ciudadanía y tener también un impacto positivo en el medio ambiente. El servicio cuenta con una inversión prevista de unos 2,43 millones de euros para el período 2026-2027 y se organizará en cinco rutas territoriales: una en el nordeste, que recorrerá comarcas como el Ripollès, Osona o el Alt Empordà; una en el noroeste, con presencia en el Alt Urgell, la Cerdanya o la Noguera; una en el centro del país, con municipios del Segrià, el Bages o el Solsonès; una en el sureste, que incluirá el Penedès, el Camp de Tarragona y el Garraf; y una en el suroeste, con cobertura en las Terres de l’Ebre.

Mapa con las rutas de las oficinas móviles / Govern
Mapa con las rutas de las oficinas móviles / Govern

Las OAC móviles harán parada en cada municipio aproximadamente una vez al mes, “cada cuatro o cinco semanas”, según detalla el Govern, con estancias de entre una hora y media y tres horas, habitualmente por la mañana. Para determinar qué localidades se incluyen en el servicio, el ejecutivo ha tenido en cuenta diversos criterios, como el envejecimiento de la población —con más personas mayores de 50 años que de entre 15 y 49—, la distancia respecto al Consell Comarcal o a la oficina de atención ciudadana más cercana, así como el tiempo de desplazamiento, que en algunos casos supera la hora y veinte minutos. También se ha valorado el porcentaje de trámites presenciales y las aportaciones de las delegaciones territoriales del Govern.

El Govern destaca que estas oficinas móviles ofrecen un amplio abanico de servicios con el objetivo de evitar que ningún ciudadano quede excluido “por motivos de distancia o falta de conectividad”. Entre las gestiones que se podrán realizar se encuentran la renovación de certificados, la tramitación de ayudas o la resolución de consultas, sin necesidad de desplazamientos largos ni de recurrir a terceras personas. El servicio, además, combina la digitalización con el acompañamiento personal de un agente que viajará con la unidad móvil para asistir a los usuarios. Cada ruta se cubrirá con una furgoneta equipada con un conductor y este profesional, y dispondrá de un espacio interior para atender a dos personas, así como una zona diferenciada de autoservicio. Los vehículos también estarán adaptados para garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida.

Los vehículos están adaptados a las personas con movilidad reducida / Govern
Los vehículos están adaptados a las personas con movilidad reducida / Govern

Testeado en las Terres de l’Ebre

El modelo de las OAC móviles se puso en marcha a mediados de 2024 como prueba piloto en las Terres de l’Ebre, con unos resultados que el Govern considera positivos. “La prueba ha acercado los servicios a la ciudadanía con gran aceptación”, asegura el ejecutivo, que destaca que en casi dos años se han tramitado 2.047 gestiones. La mayoría han estado vinculadas a certificados y sistemas de identificación digital, solicitudes para actividades con riesgo de incendio forestal, consultas sobre prestaciones, ayudas para instalaciones de renovables o programas como el MOVES III y el bono social. El servicio ha tenido una especial incidencia entre las personas mayores de 65 años, “uno de los colectivos con más dificultades de acceso digital”.