El Govern y ERC han aplaudido el informe de Pegasus aprobado por el Parlamento Europeo, criticado por Carles Puigdemont porque "hace seguidismo del Gobierno". La consellera de Acció Exterior, Meritxell Serret, ha afirmado a la ACN que están "muy satisfechos" con el documento porque "reafirma las carencias del Gobierno" y apunta en la misma dirección que ya apuntaba al ejecutivo catalán sobre el espionaje a líderes independentistas. Por su parte, los republicanos han difundido un comunicado en el cual valoran "positivamente" tanto el informe de conclusiones como el de recomendaciones porque "analizan en profundidad el Catalangate, reclaman al Estado que actúe con el fin de depurar responsabilidades y denuncian la indefensión de las víctimas".

Una vez aprobado el documento, Serret ha pedido que se evolucione hacia un sistema "que dé protección y amparo a las víctimas" de este método de espionaje "tan invasivo". Además, la consellera ha asegurado que es "imprescindible" que el Estado dé respuestas sobre el Catalangate — después de que el comité Pegasus de la Eurocámara dé por hecho que el CNI estaba detrás de la causa.

El comité da la razón al Gobierno

ERC ha reconocido que los documentos aprobados "distan de los informes que habríamos escrito los republicanos", así como de algunos posicionamientos internacionales como los de los relatores de Naciones Unidas. Sin embargo, la formación ha celebrado "la advertencia que supone para estados como el español que han hecho un uso ilegítimo e ilegal de esta arma tecnológica". La eurodiputada Diana Riba ha subrayado que "la presión ejercida" por el grupo parlamentario "ha conseguido incidir en el texto final", mostrando satisfacción por el hecho de que se hayan aceptado una gran parte de las enmiendas que habían presentado: "Hemos conseguido que se aborde ampliamente el espionaje contra el independentismo catalán".

 

Serret cree que el comité Pegasus da la razón al Govern y, por lo tanto, es "necesario e imprescindible" que el Gobierno dé las respuestas necesarias sobre el espionaje a líderes independentistas con este método. También ha considerado que el documento reafirma aquello que el ejecutivo catalán "había estado reclamando desde el primer momento": que se investigue el caso de espionaje a catalanes. Por eso cree que ahora toca mover ficha al Estado. "¿Cuántas resoluciones y conclusiones internacionales harán más falta para que el Estado dé respuestas?", se ha preguntado. Y es que las "víctimas" del Catalangate son el colectivo "más importante de Europa" que se ha investigado a partir de este sistema "tan invasivo". Para más inri, la consellera ha lamentado que no hay ninguna garantía que el Estado no siga espiándolos con Pegasus u otras herramientas similares.

Caen enmiendas españolas

Riba ha destacado que los republicanos "han hecho caer enmiendas de las diferentes delegaciones españolas" que tenían como objetivo "eliminar el Catalangate, cuestionar la credibilidad de Citizen Lab o relacionar el independentismo con terrorismo". "Ninguna de las enmiendas de socialistas, populares, Ciutadans y Vox para justificar el espionaje ha salido adelante", ha subrayado. Y ha remachado que "el Catalangate es claramente ilegal en ojos de Europa".

La consellera de Acció Exterior ha asegurado que las conclusiones ponen de manifiesto "las carencias del Gobierno" a la hora de proteger los derechos humanos, ya que considera que haberlos espiado a través del móvil vulnera su intimidad. A partir de aquí, Serret ha apostado por ir hacia un sistema en que "se garantice el amparo y protección de todas las víctimas" y crear un protocolo para garantizar los derechos humanos en la aplicación de técnicas tan invasivas de espionaje como es Pegasus.

La Europol y el Catalangate

En esta línea, la eurodiputada de ERC ha indicado que el texto pide "de forma clara y explícita una investigación completa, justa y eficaz, en la cual se ofrezca toda la información sobre todos los casos de espionaje, incluidos los 47 (independentistas) no reconocidos por el Gobierno". El documento no se acaba aquí y también reclama la "cooperación con los tribunales" para asegurar que las víctimas "tengan un acceso real y significativo" a la justicia. En este sentido, los republicanos han apuntado al suplicatorio de desclasificación de documentos que el Consejo de Ministros tiene sobre la mesa a petición de la jueza de la causa de Riba y el presidente del Consell Nacional de Esquerra, Josep Maria Jové. La parlamentaria ha insistido en el hecho de que el informe va al detalle y menciona casos concretos como los espionajes de todos los presidentes de la Generalitat desde el 2010, el de numerosos actores políticos catalanes así como de miembros de Òmnium Cultural, la ANC y abogados del entorno independentista. Con respecto a los 18 que sí que ha reconocido el Estado, el informe exige que las víctimas puedan tener acceso a la autorización judicial correspondiente.

ERC ha apuntado que el texto afirma que las disposiciones legales en el Estado para el uso de técnicas de espionaje "son obsoletas" y no se adaptan a tecnologías modernas como las que representan Pegasus o Candiru. Por eso, recomienda al ejecutivo "iniciar una reforma legal del CNI" e, incluso, "invitar a la Europol a unirse a las investigaciones del Catalangate con el fin de contribuir con sus conocimientos técnicos". Y habla sobre la falta de intención del Estado de investigar el Catalangate, constatando que el Congreso de los Diputados votó en contra de establecer una comisión de investigación y, sobre la investigación llevada a cabo por el Defensor del Pueblo español, Ángel Gabilondo, lamenta que solo se refiriera a los 18 casos del Catalangate que supuestamente tenían orden judicial y que, para realizar su investigación, no se reuniera con ninguna víctima. Va más allá y recuerda que "el Defensor del Pueblo no tiene la competencia para valorar la idoneidad y proporcionalidad del uso de herramientas de ciberespionaje sino un juez". Y, en este sentido, pone de manifiesto la falta de voluntad para investigar los casos judicialmente, ya que aquellos casos que se han abierto a los tribunales por parte de los independentistas "avanzan muy poco a poco".