El Govern ha detallado los recursos y las medidas desplegadas para hacer frente al proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en Catalunya, en respuesta, por separado, a diversas preguntas parlamentarias formuladas por los grupos de Junts y ERC. En un escrito registrado en el Parlament el 13 de julio, la ya exconsellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, expone las actuaciones impulsadas por el ejecutivo y subraya la coordinación con el Govern español para abordar este reto. En cuanto a los recursos económicos, el Departament de Drets Socials i Inclusió ha destinado un total de 1,5 millones de euros adicionales para reforzar el dispositivo. Por un lado, se ha firmado una adenda al contrato programa con los entes locales por valor de 1 millón de euros, con el objetivo de ampliar equipos de orientación jurídica y reforzar los servicios vinculados al proceso de regularización, como los informes de vulnerabilidad o los trámites de empadronamiento. Por otro, se han incrementado en cerca de 500.000 euros las subvenciones a entidades sociales en el marco de la convocatoria ordinaria de 2026.
En paralelo, el Govern ha incorporado seis profesionales de refuerzo temporal —contratados durante seis meses, prorrogables tres más— para desarrollar funciones específicas vinculadas a diversas medidas del plan. Según Martínez Bravo, estas incorporaciones forman parte de las medidas 7, 8, 9, 13 y 15 del dispositivo. La respuesta parlamentaria también pone énfasis en la creación de un grupo de trabajo interdepartamental con el objetivo de coordinar las actuaciones y garantizar una respuesta homogénea en el territorio. Este espacio reúne a representantes de diversos departamentos, entre ellos Presidència, Drets Socials i Inclusió, Igualtat i Feminisme, Empresa i Treball, Unió Europea i Acció Exterior, Educació i Formació Professional, Salut y Política Lingüística. Su función es definir criterios comunes, reforzar los mecanismos de información y acompañamiento a las personas migradas y anticipar posibles cuellos de botella administrativos o sociales.
Se han realizado hasta 43 sesiones, pero se contemplaban 16
En el ámbito formativo, el Govern ha superado ya las previsiones iniciales. Aunque se contemplaban 16 formaciones específicas, hasta ahora se han llevado a cabo 43 sesiones —tanto presenciales como telemáticas— dirigidas a profesionales de las administraciones públicas y de entidades sociales. Estas sesiones se han desplegado en todas las veguerías de Catalunya y han contado con la participación de 4.276 personas.
Finalmente, la exconsellera defiende que la respuesta al proceso de regularización se hace en coordinación con el Estado, a través de reuniones institucionales y sectoriales. Según apunta, ambas administraciones trabajan conjuntamente para analizar las necesidades y dar respuesta dentro de las respectivas competencias, con el objetivo de garantizar una actuación "adecuada y compartida". El Govern descarta, en este sentido, abrir nuevas líneas de subvenciones específicas, y apuesta por canalizar la financiación a través de los instrumentos ya existentes, como el contrato programa con los entes locales y la ampliación de las convocatorias ordinarias para entidades.