Una ley para zafarse del veto a la anterior ley. El Govern ha aprobado esta mañana el proyecto de ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social para evitar la suspensión del TC de la ley de emergencia habitacional.
"Es un texto jurídico muy sólido y riguroso. Por lo tanto, difícil de ser recurrido", ha asegurado la consellera de Governació, Meritxell Borràs, que ha asegurado que el anteproyecto se ha hecho en un "tiempo récord" y con la colaboración del Consejo de la Abogacía de Catalunya, de las entidades municipalistas y de los impulsores de la ILP de vivienda y pobreza energética.
El objetivo era "hacer lo mismo que ha suspendido el TC, pero hacerlo por otras vías". La nueva ley prevé la sustitución de la cesión temporal obligatoria de viviendas vacías por una expropiación temporal del uso de viviendas vacías de entidades financieras y grandes tenedores, que se puede alargar entre 4 y 10 años.
Asimismo propone, como alternativa al alquiler social obligatorio de forma indefinida, un sistema de realojamiento de familias con un alquiler social durante tres años ampliable a seis.
También mantiene un proceso de mediación "potente" a través del Código del Consumo, que igualmente está impugnado por el TC aunque levantó la suspensión. La ley triplica, hasta 237, el número de municipios donde se puede actuar con estas herramientas para paliar los efectos de desahucios.
La previsión es que el proyecto se tramite de manera inmediata en el Parlament, este mismo mes de octubre.