"No está en situación de lo que exige un presidente de la Generalitat de Catalunya" decía el ministro Íñigo Méndez de Vigo sobre la decisión del juez Pablo Llarena que el candidato propuesto por el presidente del Parlament Roger Torrent, Jordi Sànchez, no haya recibido la autorización del juez Pablo Llarena para la investidura prevista para el próximo lunes 12 de marzo. Fuentes del ejecutivo consultadas por El Nacional, si bien, alegan que "nunca dos casos son iguales", en alusión a la decisión del juez que sí permitió a Juan Carlos Yoldi, miembro de EH Bildu, asistir a su investidura, considerando que estas decisiones dependen de los indicios que valore cada magistrado para la ocasión concreta.

Ante la decisión de Llarena, si bien, el portavoz del ejecutivo afirmaba "respetar y acatar" el posicionamiento del Tribunal Supremo, en esta ocasión. De Vigo abogaba nuevamente por un candidato dentro de la "legalidad y la orden constitucional" tal como había propugnado la Moncloa a lo largo de las últimas semanas. Así las cosas, la posibilidad de una alternativa como Jordi Turull, investigado, pero no en prisión preventiva, podría descolocar al gobierno de Mariano Rajoy, como explicaba este diario la semana anterior –ya que no sería inhabilitado hasta el final del juicio en el TS.

Asimismo, De Vigo pedía "no engañar nuevamente a los catalanes", en alusión del programa de gobierno acordado entre ERC y Junts por Catalunya, de cara a la investidura de Sànchez, que habla de una "multiconsulta", además de las instituciones de la 'República' en Bélgica. "Es un documento a mayor gloria de los antisistemas de la CUP. Hay muchas perlas. Que en el siglo XXI se hable del Parlament como el Ágora republicana, o la visión disruptiva del régimen autonómico, o el empoderamiento de la gente, es la épica de la fonética" ha denunciado el portavoz, de forma contundente.

La cuestión es que desde la Moncloa avisan a las formaciones independentistas sobre que el giro podría tener consecuencias. Por una parte, argumentan que sólo las acciones pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional, en alusión al acuerdo de investidura. Por otra, alertan de que continuar con los efectos de la independencia es "contrario en aquello que ellos mismos han expresado, de lo que hubo República". "Es un engaño más, una parte de la farsa, no van en la buena dirección, van en la mala, no en la línea de restablecer las instituciones..." lamentaba el portavoz.

El ejecutivo incluso se ha permitido citar al presidente Artur Mas, sin que nadie lo hubiera mencionado. "Hablaba de crear la Dinamarca mediterránea, pero no es Dinamaca, sino de modelo venezolano, todo lo hacían para que el Gobierno recogiera el derecho a decidir, y no lo reconoció a nadie", ha cargado. Incluso, ha afirmado que "gracias al 155 se paga en la paga extra de los funcionarios, que no es la farsa que se dice a la gente, sino de los problemas reales, no una parte de los catalanes, si no de todos" ha cerrado –ya que el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo relativo al 20% que les faltaba.