El gobierno del PP pagó a los abogados de oficio designados para varios acusados del caso Gürtel que no tenían reconocido el derecho de asistencia gratuita cuando Rafael Catalá ocupaba el ministerio de Justicia. Entre los acusados que se beneficiaron hay Francisco Correa, así como una decena de empresas. La presunta irregularidad, que avanza hoy el diario El País, tendría un coste de 800.000 euros.

El Ministerio de Justicia pagó cerca de 800.000 euros a abogados de oficio que se hicieron cargo de la defensa de Francisco Corre, el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y al menos 11 empresas implicadas. Todos ellos no tenían reconocido el derecho de asistencia letrada gratuita, reservada a aquellos que acreditan que no disponen de medios para pagarse una defensa.

Las irregularidad se detectaron días antes del cambio de gobierno, cuando se hizo pública la sentencia del caso Gürtel. Ahora hay abierta una investigación interna para aclarar los hechos.

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