El Gobierno sabía desde hace aproximadamente un año que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias estaba preparando un informe sobre la situación de los presos políticos, según ha adelantado VozPópuli.
En el mismo informe se detalla que el 8 de agosto del 2018 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas pidió al Ejecutivo español que se pronunciara sobre la causa. Aunque Moncloa tenía dos meses para contestar, acabó pidiendo una prórroga que se le concedió hasta el 8 de noviembre.
Así pues, según este diario, España respondió en el último día del plazo para emitir la primera queja sobre la forma de trabajar de este grupo de trabajo, el cual recoge las críticas españolas e investiga si hubo violencia en los casos por los que se acusa a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
"En su respuesta, el Gobierno ofreció información sobre el proceso independentista, pero no se presentó información sobre acciones concretas de los acusados que puedan haber involucrado violencia y, por lo tanto, constituir conforme al derecho aplicable, incluido el derecho internacional", se indica en el último informe.