El Gobierno sale adelante con la intervención de la Federación Española de Fútbol (RFEF). Se trata de un movimiento sin precedentes en la entidad motivado por los escándalos e investigaciones judiciales que ciernen sobre la organización. Desde la inhabilitación de Luis Rubiales y la imputación de Pedro Rocha imputado en la trama de desvío de fondo, la situación ya llegado a un límite en que el Consell Superior de Deportes (CSD) se ha decidido a intervenir. Para que se materialice esta decisión, el CSD ha convocado a su comisión directiva este jueves a las 11:00 horas con el fin de someter a votación si Pedro Rocha y la comisión gestora de la RFEF son suspendidos provisionalmente por falta muy grave después de haberse extralimitado en las funciones.

Según varios medios, esta posible suspensión se haría "a través de una Comisión que se denominará de Normalización, Supervisión y Representación y que servirá de tráfico hasta que se celebren unas elecciones ordinarias después de los Juegos Olímpicos". El viernes pasado, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, dijo a EFE que "está en juego la reputación, el prestigio y el buen nombre de España" y que "es impensable que el representante del fútbol español en la Eurocopa o los Juegos Olímpicos podría ser una persona investigada en una causa penal y bajo sospecha del Tribunal Administrativo del Deporte por presuntas infracciones disciplinarias calificadas de muy graves", lamentó Uribes en aquel momento.

La candidatura de Pedro Rocha

Aunque después del escándalo por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, la promesa de un cambio en la dirección de la RFEF sedujo a muchos posibles candidatos como Carlos Herrera o Eva Perera, finalmente, la candidatura de Rocha, que había presidido la gestora hasta la convocatoria de las elecciones, fue la única proclamada como válida por la comisión electoral de la RFEF, esperando la resolución de posibles recursos. Es decir, la opción más continuista parecía abrirse paso.

Su proclamación el día 12 coincidió con el fallo judicial de cambiar su condición de testigo a investigado en el procedimiento que investiga el juzgado de Instrucción número 4 de Madrid por posibles contratos irregulares de la RFEF durante los últimos cinco años, periodo que incluye la etapa en que estuvo vicepresidente económico.