Un viernes más, la vicepresidenta del gobierno español en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que analice los pasos del Parlament de Catalunya.
Y ahora es el turno de la última moción aprobada ayer por la cámara catalana que reafirma el compromiso con la resolución independentista del 9 de noviembre y que anuló el Tribunal Constitucional.
Dado que esta resolución ya fue anulada por el alto tribunal a raíz de la presentación de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias, cualquier reclamación sobre ella puede adjuntarse como un incidente de ejecución de sentencia.
"Estamos en el análisis de la Abogacía para tomar una decisión dentro de los procesos ya abiertos", ha explicado Sáenz de Santamaría en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según ha subrayado, "las cosas hace falta hacerlas bien" y, por este motivo, lo "primero" que ha hecho el Ejecutivo ha sido preguntar a la Abogacía. "Siempre actuamos de la misma manera", ha aseverado.
Este jueves, el Parlament ratificó su firme voluntad de alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Catalunya, y por lo tanto, la cámara reiteró los objetivos contenidos en la resolución del 9-N.
La moción, original de la CUP y después transaccionada con JxSí, fue aprobada con el voto favorable de los 71 diputados independentistas, mientras que todos los grupos de la oposición votaron en contra, excepto CSQP, que no participó en la votación.