El Tribunal Constitucional puede volver a entrar a escena pronto. El Gobierno se plantea llevar ante el TC la nueva ley catalana antidesahucios, aprobada por unanimidad. En un comunicado que el ejecutivo de Mariano Rajoy ha dirigido a la Generalitat de Catalunya, se cuestiona la constitucionalidad de diez de los dieciocho artículos de la segunda Ley antidesahucios que el Parlament aprobó el 22 de diciembre, después de que el TC suspendiera la primera.
Así pues, el ejecutivo central ha iniciado el mecanismo para recurrir la ley al alto tribunal. De momento, se ha abierto un proceso de negociación, que es el paso previo. La mayor parte de los artículos criticados desde la capital hacen referencia al ámbito de la mediación para resolver casos de familias con sobre-endeudamiento. El Gobierno también pone en duda la adecuación a la carta magna del artículo que establece un sistema temporal para ayudar a las familias que próximamente van a ser desahuciadas. El resto de artículos cuestionados son el 15 y 17, que dan potestad a la Generalitat para expropiar el uso de viviendas vacías a bancos y grandes propietarios por un periodo de entre 4 y 10 años para finalidades sociales.
El Govern está "tranquilo"
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs, asegura que el Govern "está tranquilo" y denuncia un nuevo ataque y una "amenaza clara" a las competencias de Catalunya. Según Borràs, la nueva normativa cuenta con varios avales que sostienen su viabilidad, como el del Consell de l’Advocacia i el Col·legi d’Advocats de Barcelona.
La consellera ha criticado la inacción del ejecutivo de Rajoy en esta materia y ha cuestionado que, si el Estado realmente cree que no son unas competencias propias de la Generalitat, "¿por qué no han desarrollado una ley que saque adelante la protección de las personas más vulnerables?".
Antes del recurso, sin embargo, se abre una vía de negociación entre las dos administraciones, aunque Borràs ya ha remarcado que desde el Govern no se dará un paso atrás porque es una ley positiva y sólidamente basada en la Constitución y el Estatut de Catalunya.