La Dirección General de memoria Histórica del Ministerio de Justicia ha pedido a seis ayuntamientos catalanes, entre ellos Sabadell y Terrassa, que eliminen los vestigios del franquismo que todavía quedan en el espacio público en sus municipios, en cumplimiento con la Ley de memoria histórica. Además de los municipios mencionados, también hay los ayuntamientos de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Rubí y Horta de Sant Joan (Terra Alta). Con respecto a nivel de todo el Estado, los ayuntamientos requeridos suben hasta la cifra de 656.

También reclama a los gobiernos autonómicos que verifiquen la eliminación de los elementos de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha detectado que destacadas figuras del franquismo dan nombre todavía en 1.171 calles y plazas españolas, repartidas entre más de 637 municipios. En este censo, la dirección ha incorporado 19 más según informaciones propias.

Estos gobiernos municipales han recibido una carta del director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López, que pide la certificación de la "no existencia de simbología de exaltación en su municipio" y, en caso que lo hubiera, "proceda a dar cumplimiento a la ley elaborando el catálogo de vestigios municipal, con la inmediata retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la revuelta militar y la represión de la dictadura".

En su carta, el director también recuerda que una sentencia del Supremo establece que el artículo 15 de la Ley de memoria histórica impone a todas las administraciones la adopción de las medidas oportunas para retirar los monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la Guerra Civil, "con el objetivo de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió la aprobación de la Constitución". Con aquella sentencia rechazó un recurso contra la retirada de la estatua ecuestre del dictador Franco de la plaza San Juan de la Cruz de Madrid.

Además de dirigirse a los municipios, el gobierno español también ha pedido a los ejecutivos autonómicos información sobre la existencia de este tipo de simbología en sus territorios. Además de la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos, la ley también prevé la retirada de subvenciones o ayudas públicas.