El Gobierno no ha aclarado este sábado si la desclasificación de las 153 "unidades documentales" del 23F —que se hará efectiva este miércoles— destapará algún escándalo sobre el intento del golpe de estado. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, los periodistas han ido al grano y han preguntado si aparecerá alguna novedad sobre el papel del rey aquella noche y si, por lo tanto, quedará alterado el relato oficial sobre qué pasó en aquella fecha clave de la Transición. Elma Saiz, la portavoz del ejecutivo de Pedro Sánchez, ha contestado con evasivas, ha pedido “paciencia” y ha asegurado que ella no ha tenido acceso a esta documentación, de tal manera que no tiene la respuesta.
“Desclasificaremos todo lo que hemos encontrado que está desclasificado”, ha afirmado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y se ha referido a “informes, transcripciones de audios” y quizás “alguna imagen”. Preguntada por el momento escogido para esta desclasificación, Saiz ha señalado que “45 años” es “tiempo suficiente y prudente”, cosa que avalan “todos los expertos” sobre la materia. “El algoritmo tiene una fuerza extraordinaria para difundir bulos, y ahora el Gobierno impide que la ultraderecha utilice los bulos para difundir teorías que no merece la democracia y para desinformar a jóvenes que piensan que con Franco se vivía mejor”, ha añadido la portavoz socialista.
La ley de información clasificada en tramitación en el Congreso
De la misma manera, ha pedido a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que se abran a aprobar el proyecto de ley del Gobierno para reformar la ley de secretos oficiales, que actualmente es franquista. En esta ley se contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados de "alto secreto", a los 35 años los que constan como "secreto", entre 7 y 9 años para la información "confidencial" y entre 4 y 6 años para la información "restringida". De hecho, este mismo lunes se cumplieron 45 años del intento de golpe de estado del 23F de 1981.
Los documentos a desclasificar
Entre los documentos pendientes de desclasificar se encuentra el sumario completo del juicio que custodia el Tribunal Supremo, que consta de 89 legajos y en el que se incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de la época llamado CESID, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de estado y que se clasificaron como "alto secreto"; y también se prevé que haya las comunicaciones de Casa Real, la Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las diversas regiones militares.
Concretamente, fuentes de la sala de máquinas de la Moncloa explican que se trata de documentos que actualmente se encuentran en manos de los Ministerios de Exteriores, Defensa e Interior. En privado, el equipo de Pedro Sánchez asegura que no ha tenido acceso a estos documentos; ni siquiera el presidente del Gobierno, porque están clasificados. La intención del ejecutivo es hacerlos públicos al mediodía, pero ya advierten que quizás se retrase y que no salgan a la luz hasta la tarde, ya que una vez desclasificados habrá que digitalizarlos, ordenarlos y colgarlos en una página web.