La delegación del gobierno español en Catalunya ha presentado 401 recursos y denuncias relacionadas con el mundo local y el proceso de independencia. Según datos que ha publicado este martes la Asociación Catalana de Municipios (AMI), 385 de estos contenciosos son por la vía administrativa y 16 por la vía penal.
La AMI señala que diferentes juzgados del contencioso administrativo han desestimado o archivado 124 de estos recursos: 22 con sentencias firmes del TSJC. Incluso, en algunos casos, se ha condenado a la administración española a asumir el gasto del procedimiento.
Entre los casos que van por la vía penal, están los ocho municipios denunciados por el apoyo a la Declaración del 9-N, la acusación de incitación a la sedición al concejal de la CUP de Vic, Joan Coma, el procedimiento contra la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, por no descolgar la estelada de la fachada del Ayuntamiento, y el último por desobediencia contra los concejales del gobierno de Badalona el 12-O.
Asistencia jurídica del Govern
Los ayuntamientos que están siendo investigados o requeridos por haber abierto sus puertas el pasado 12 de octubre podrán pedir la asistencia jurídica del Govern, la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Así lo han acordado este martes los representantes de las dos entidades municipalistas y la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs.
Borràs ha considerado que las acciones iniciadas contra los 58 municipios que abrieron sus puertas el 12-O son "una intromisión del gobierno central en la autonomía municipal, porque no se les deja la capacidad de administrar sus trabajadores y su actividad". "No es un hecho que se produzca ahora, hay una persecución continua y permanente en los ayuntamientos catalanes desde la declaración del 9-N, y hay un estado de vigilancia absolutamente desmesurado y que da mucho trabajo a los ayuntamientos catalanes", ha añadido.
Desde la ACM, su vicepresidente, David Saldoni, ha reiterado que la entidad estará "al lado de los ayuntamientos, tomen la decisión que tomen" ante estas acciones judiciales por el 12-O: "Los ayuntamientos están siempre. ¿O es que alguien cuestionará que el 12-O por la tarde algún concejal, técnico, alcalde o trabajador no trabajara cuando había los aguaceros en el Maresme? Y eso nos pasa cada semana, cuando hay actos, carreras o emergencias. Es una cosa de poco vuelo y el ministerio pone la lupa en un hecho que realmente es muy pequeño, es el trabajo que hacemos normalmente", ha explicado.
La presidenta de la AMI, Neus Lloveras, ha concretado que ya el lunes enviaron una carta a los municipios adheridos ofreciendo asistencia jurídica. "Es básico respetar la autonomía local y qué quiere hacer cada alcalde y alcaldesa, cada ayuntamiento. Según su decisión, la AMI, la ACM y el Govern estaremos de su lado para ayudarlo, pero ellos deciden como proceder", ha explicado.