El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este mediodía que el Gobierno español no tiene previsto tomar ningún tipo de medida después de las advertencias del Consejo de Europa sobre la reforma del Tribunal Constitucional. En un informe, se recomendaba a España "reconsiderar" el hecho de que el TC pueda inhabilitar un cargo electo si no cumple sus resoluciones.

Preguntado por Jaume Moya, diputado de En Comú Podem, Catalá ha asegurado que lo que hacía el organismo europeo en aquel informe era "avalar" la reforma del TC y valoraba como "conveniente y recomendable" tener mecanismos para ejecutar sus sentencias. El ministro también ha argumentado que se han encontrado modelos equivalentes en Austria o Alemania.

"Tenemos un TC que hace su trabajo y que dicta las sentencias que le corresponden" ha valorado, asegurando que es un "buen sistema institucional" y lo seguirán defendiendo como hasta ahora.

El diputado de ECP ha replicado al ministro con fragmentos del informe donde se recomendaba que el TC tendría que ser "un juez de leyes y un árbitro neutral", mientras que, según él, el gobierno del PP "lo está lanzando a la arena política dándole poderes para sancionar cargos electos" además de tener un poder judicial "profundamente influenciado por la Fiscalía".

Ha acusado al Estado de querer "alinear el TC a la Brigada Aranzadi", una brigada "vestida con togas con puñetas que ataca continuamente a todo aquello que pueda oler a soberanía nacional o derecho a decidir". En este sentido, ha recomendado al Gobierno que haga caso a los consejos de la comisión y que restaure al TC "el papel que le corresponde".

El ministro ha justificado la diferencia de opiniones y las diversas lecturas que ha tenido el informe al hecho de que éste tenga 18 páginas y 79 apartados. "Eso permite el debate que tenemos hoy", ha argumentado, reiterando que el Gobierno está convencido de que avala su modelo y que no hace falta ningún cambio al reglamento del alto tribunal.