El gobierno español y otros miembros de la Moncola han acumulado una veintena de querellas por la mala gestión del coronavirus desde marzo, cuando comenzó la crisis por la pandemia. Según un informe que publica el ABC, las denuncias las han presentado desde asociaciones a personas a título personal y mayoritariamente acusan al estado de haber autorizado actos durante el estado de alarma o de la falta de medios para afrontar la Covid.
Todas ellas ahora deberán ser ahora analizadas por los juzgados ordinarios y, por lo tanto, no todas podrán prosperar. De momento, la Fiscalia ya ha avisado que muchas tienen "orfandad probatoria" y otras son dificilmente acreditables, por lo que será difícil que prosperen sin una investigación.
Las querellas
La mayoría de los procesos tratan sobre la autorización de actos durante la crisis, como la polémica manifestación del 8-M, aunque con la ley en la mano no va a ser posible una conclusión, ya que no se puede imputar un delito (y menos de homicido) basándose en una estadística.
También destacan las querellas por la falta de medios de protección, principalmente interpuestas por sanitarios o agentes de seguridad. Este asunto sí que podría proceder a la investigación.
Además de las querellas a título persona, las otras las han iniciado la Figuran la Asociación Unificada de Guardia Civil, el Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la Asociación de Médicos Titulados Superiores, CSIF, la Central Unitaria de Traballadoras, Abogados Cristianos, HazteOír y Terra SOS-Tenible. También consta una querella de Vox.
Por lo que respeta a los presuntos delitos que más se repiten son los de prevaricación, y los delitos contra los trabajadores.
Los acusados
La gran parte de querellas van dirigidas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los miembros del Consejo de Ministros. Especialmente, se dirigen en concreto contra el responsable de Sanidad, Salvador Illa. Según el ABC, también hay otros titulares acusados como como la directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio o el director del centro de Coordinación y Alertas Fernándo Simón, delegados y subdelegados del Gobierno de distintos puntos de la geografía española, el Defensor del Pueblo y magistrados del propio Supremo y el Constitucional, entre otros.
Imagen: Fernando Simón / EFE