La policía española ha incrementado la partida para intérpretes que traducen las escuchas telefónicas, cuando no son en español, después de que ha agotado la partida prevista mucho antes de lo que estaba previsto. Entre los idiomas que se traducen está el catalán, según ha informado la Cadena Ser. Inicialmente, el ministerio del Interior planificó un presupuesto de 10,5 millones de euros para un contrato de 18 meses de duración (hasta 30 de noviembre del 2023). Para los primeros siete meses del 2022, la Policía Nacional contaba con un fondo de 3,5 millones de euros para traducir. Pero se quedaron cortos y en solo tres meses, entre junio y agosto, la empresa que realiza esta actividad -Seprotec- remitió facturas por un valor de 2.138.115 euros, es decir, se habían gastado el 61% del presupuesto previsto.

Por este motivo, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha firmado ahora una resolución para autorizar la ampliación del fondo reservado con unos 780.000 euros adicionales, un 7,34% más, "para poder hacer frente a las facturas correspondientes en el ejercicio corriente" y evitar que este servicio se vea interrumpido. Todo ello confirma un incremento importante del trabajo de traducción en las escuchas telefónicas.

La Secretaría de Estado de Seguridad justifica el desajuste del presupuesto inicial alegando que "es imposible anticipar el número de servicios de traducción, interpretación, escuchas y transcripciones de otros idiomas que serán necesarios", lo que significa también que esta actividad de traducción ha crecido. Según los detalles de la licitación, el Ministerio del Interior paga como máximo 22,99 euros (IVA incluido) por hora de escucha telefónica. Además del catalán, la empresa adjudicataria se compromete a tener un mínimo de intérpretes en árabe, en inglés, rumano, francés, chino mandarín, urdu, ruso, portugués, albanés, búlgaro, ucraniano, euskera, wolof, georgiano y polaco. Además, se ofrecen a conseguir también personal capaz de traducir serbio, bambara, bengalí, broken english, iraní, farsí, armenio e igbo (Nigeria). Estos intérpretes tienen obligación de presentarse en la sede de la unidad policial correspondiente en un tiempo máximo que oscila entre los 90 minutos y las 4 horas, en función del tipo de idioma que tengan que traducir.

Según el pliego de condiciones técnicas del contrato, el personal que se encarga de estas traducciones está obligado a comprometerse - bajo juramento o de forma prometida- a mantener una reserva absoluta sobre el contenido de la información que es objeto de la escucha o transcripción, bajo una cláusula firmada de confidencialidad, y son advertidos que en caso de romperse esta confidencialidad incurrirían en un delito perseguible de oficio.