El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha asegurado que el president de la Generalitat, Quim Torra, tomó una "decisión política" al no retirar la pancarta cuando se lo ordenó la Junta Electoral Central (JEC) y que, por lo tanto, debe asumir las consecuencias si el Tribunal Supremo (TS) confirma su inhabilitación.

En una entrevista en Catalunya Ràdio este jueves, el exmagistrado ha dicho que si las consecuencias de aquella decisión se consideran "desproporcionadas" debe promoverse una reforma legal por los cauces establecidos. En ese sentido, ha sostenido que es "urgentísima la reforma de la rebelión y sedición" en el Código Penal, en el que ve preceptos desfasados en los que se deberían incluir nuevas figuras y eliminar otras, según ha dicho.

Sobre una posible amnistía a los condenados por el 1-O en Catalunya, ha dicho que "esa opción es muy difícil en un sistema constitucional, pero la vía del indulto que ahora se discute es evidente". "Me sorprende que insignes políticos --entre comillas-- y juristas critiquen la apertura del procedimiento del indulto, porque es algo reglado", ha afirmado.

Fiscales

Preguntado por las palabras del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, sobre presiones políticas recibidas por parte de algunos fiscales, ha dicho que les da credibilidad porque lo conoce personalmente y no cree que se arriesgara a poner en riesgo su reputación "con un viaje sin retorno".

Ha pedido transparencia para que se esclarezcan los hechos: "Es muy grave que un teniente fiscal haga estas afirmaciones y que nos quedemos sin saber qué ha ocurrido".

Extradiciones

Preguntado por la posible extradición a Argentina del exministro Rodolfo Martín Villa, ha destacado "que la actitud de la Fiscalía General del Estado ha cambiado": en 2016 se cerró toda posibilidad de cooperación internacional, mientras que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, la promueve, ha detallado.

A su entender, la nueva Ley de Memoria Democrática reconoce la posibilidad de "reparación" a las víctimas ante los crímenes franquistas, para lo que ve fundamental la creación de una Fiscalía especializada en la persecución de estos delitos.