El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por revelación de secretos. El fiscal, condenado por la filtración de información confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reivindica la libertad de expresión en el sentido institucional ante quienes pretendían "un secuestro o un silenciamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada".
Según el escrito que ha presentado el fiscal, este silenciamiento vacía de contenido la función constitucional de la fiscalía en lo que respecta a la "información y defensa de la legalidad ante la ciudadanía y generando un efecto amedrentador evidente".
La sala de lo penal del Supremo, con dos votos particulares en contra, condenó el pasado 20 de noviembre a García Ortiz a una inhabilitación especial de dos años para ocupar el cargo de fiscal general por un delito de revelación de secretos, por haber enviado a los medios de comunicación un correo electrónico de la pareja de la presidenta madrileña. Era la primera vez que un fiscal general se sentaba en el banquillo de los acusados.
Defender la fiscalía ante los ataques
García Ortiz advierte que plantear que debería haber optado por un desmentido más genérico o atenuado equivale a exigirle que discurriera por la ambigüedad deliberada creada por aquellos que precisamente le imputaban un delito de prevaricación, y a convertir en parámetro penal una crítica a posteriori sobre cómo debería haberse gestionado la comunicación institucional".
"La libertad de expresión en su sentido institucional, precisamente por su función democrática, debe ser amplia, incluso para admitir errores, excesos o decisiones discutibles, sin que esto pueda traducirse en la criminalización penal de una actuación adoptada para defender la institución ante ataques que comprometían directamente su credibilidad y su independencia", subraya el texto, que apela al artículo 20 de la Constitución y al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
García Ortiz, que argumenta que actuó para defender la credibilidad de la fiscalía, pide la nulidad de la sentencia contra él alegando vulneración de derechos fundamentales y reclama que se retrotraigan las actuaciones "al momento procesal oportuno".
El pasado mes de diciembre la Fiscalía ya pidió al Supremo la anulación de la condena contra García Ortiz, con un escrito en el que denunciaba que la Sala de lo Penal había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la legalidad penal y el derecho a una tutela judicial efectiva. El incidente de nulidad es el paso previo a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional.