El gobierno brasileño notificó al español que procederá a extraditar en un plazo máximo de 60 días a Carlos García Juliá, el ultra condenado por participar en la matanza terrorista de unos abogados laboralistas cometida en Madrid en 1977 y preso en Brasil desde hace un año, según dijeron este viernes fuentes diplomáticas.
La embajada de España en Brasilia recibió la notificación de la concesión de la extradición del gobierno brasileño en la tarde del jueves, según dijo a Efe un portavoz de la delegación diplomática. A partir de la notificación y, de acuerdo con el tratado de extradición entre ambos países, Brasil tiene un plazo máximo de 60 días para entregar al condenado. Durante ese período ambas partes tienen que acordar la fecha y el lugar de la entrega, así como las condiciones en que se realizará el traslado. García Juliá ya ha agotado todas las posibles apelaciones en Brasil.
La extradición del ultraderechista español, que se integraba en la llamada Fuerza Nueva, había sido autorizada por la Corte Suprema de Brasil en agosto pasado, por lo que tan sólo dependía de que el Ejecutivo la confirmase.
El ultraderechista fue condenado en España en 1980 por haber sido uno de los autores materiales de la masacre en la que fueron asesinados a tiros tres abogados laboralistas, un estudiante de Derecho y un administrativo en Madrid. Fueron ejecutados a sangre fría por su vinculación con Comisiones Obreras. Se cree que esta matanza pretendía hacer descarrilar la transición.
Monumento a las víctimas de la matanza de Atocha. Foto: Benjamín Núñez González.
García Juliá, quien cumplió 14 de los 193 años de prisión a los que fue condenado en 1980, se encontraba prófugo y fue arrestado en diciembre de 2018 en Sao Paulo, donde vivía bajo una identidad venezolana falsa.
Tras conocerse el paradero del condenado, la Audiencia Nacional de España requirió su extradición por entender que la condena que le fue impuesta no ha prescrito y le quedan por cumplir 3.855 días de prisión.
El antiguo militante de Fuerza Nueva, que tenía 24 años cuando cometió la matanza, fue condenado por cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio en el despacho laboralista de Comisiones Obreras, en el número 55 de la calle Atocha de Madrid.
Su condena fue limitada al máximo de treinta años previsto entonces por las leyes españolas y en 1991 se le concedió la libertad condicional. Obtuvo después la autorización para viajar a Asunción y trabajar allí, con la condición de presentarse mensualmente en la Embajada de España en Paraguay, pero incumplió lo previsto (se especuló con complicidades con la ultraderecha de los jueces que le otorgaron el permiso).
El condenado desapareció e inició entonces un periplo de fugas por Latinoamérica. Su última pista antes de ser arrestado en Brasil se perdió en Bolivia, donde vivió algún tiempo.
Tras dos décadas en paradero desconocido, fue detenido en diciembre de 2018 en Sao Paulo gracias a las investigaciones de las policías nacional española y federal brasileña y el apoyo de Interpol.
Según las autoridades, García Juliá vivía en Brasil desde hacía casi dos décadas y trabajaba como conductor de Uber, haciéndose pasar por ciudadano venezolano.
El ultraderechista venía de una familia de extrema derecha, y al parecer se sentía muy orgulloso de sus crímenes. Se dice que García Juliá celebraba, cada año, mientras estaba en la cárcel, el aniversario de los asesinatos. Pese a todo, fue detenido en Bolivia por narcotráfico, aunque escapó del país después de que España solicitara su extradición al gobierno del país andino.