La ofensiva judicial de Convivència Cívica Catalana contra el uso del catalán en la contratación pública en Girona ha terminado con un resultado contrario a las pretensiones de dicha entidad. El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Girona ha desestimado íntegramente el recurso que había presentado contra las cláusulas lingüísticas del contrato de limpieza de los espacios expositivos privados del Girona Temps de Flors y ha declarado ajustada a derecho la actuación del Ayuntamiento. La sentencia avala que el consistorio pueda exigir a las empresas adjudicatarias que utilicen el catalán en las relaciones derivadas de la ejecución de los contratos y en las comunicaciones vinculadas al servicio. La resolución, dictada el 17 de noviembre por el juez Adrià Rodés Mateu, pone punto final a la primera instancia del procedimiento que inició la entidad el pasado enero. El magistrado considera que las exigencias lingüísticas cuestionadas no vulneran el régimen de cooficialidad del catalán y el castellano ni los principios de igualdad, no-discriminación y libre concurrencia que rigen la contratación pública. La historia se remonta al pasado marzo, cuando El Nacional avanzó que Convivència Cívica había topado con la primera negativa judicial. Entonces, el juzgado rechazó las medidas cautelares que pedía la entidad para suspender las cláusulas lingüísticas mientras se resolvía el procedimiento principal. Ahora, con la sentencia sobre el fondo de la cuestión, el revés judicial es completo: el juez ha rechazado todos los argumentos de la demanda.
El catalán, como mínimo
¿Qué es exactamente lo que quería tumbar Convivència Cívica? El pliego de condiciones del contrato establecía que la empresa adjudicataria debía utilizar el catalán en las relaciones con el Ayuntamiento derivadas de la ejecución del servicio. También debía emplear, "al menos, el catalán" en los rótulos, las publicaciones, los avisos y el resto de comunicaciones de carácter general relacionadas con la prestación contratada. Además, el consistorio había previsto penalizaciones para los eventuales incumplimientos de estas obligaciones lingüísticas, que podían ir del 0,1% al 5% del precio de adjudicación del contrato, sin IVA.
Convivència Cívica consideraba que estas exigencias eran contrarias a derecho y que imponían una obligación general de utilizar el catalán sin una justificación suficiente. También sostenía que podían vulnerar la libre competencia entre las empresas que optaran por la contratación. El juez, sin embargo, rechaza esta interpretación. Uno de los puntos que considera relevantes es precisamente la expresión "al menos el catalán", porque entiende que no excluye en ningún caso la utilización del castellano. Es decir, la obligación de garantizar la presencia del catalán no significa que la otra lengua oficial quede prohibida.
La sentencia lo argumenta expresamente cuando afirma que "la obligación de utilizar el catalán en las relaciones derivadas de la ejecución de un contrato que se establecen entre la Administración pública correspondiente y la empresa adjudicataria no vulnera el régimen de cooficialidad lingüística". El magistrado diferencia así la relación contractual entre la Administración y la empresa adjudicataria de la que mantienen los ciudadanos con el Ajuntament, que pueden continuar ejerciendo su derecho a relacionarse con él en cualquiera de las dos lenguas oficiales.
El juez descarta que las cláusulas sean arbitrarias
Otro de los argumentos centrales de la resolución es que las obligaciones lingüísticas se enmarcan en un contrato administrativo concreto y no constituyen una imposición generalizada a todas las empresas. El magistrado recuerda que los pliegos de condiciones son vinculantes tanto para las empresas que participan en una licitación como para la misma Administración. En este sentido, considera que las exigencias del Ajuntament están justificadas por el marco jurídico aplicable y por el objeto del contrato, que es la prestación del servicio de limpieza de los espacios expositivos privados del Temps de Flors. El juez es taxativo cuando concluye que las cláusulas cuestionadas "no se pueden considerar una disposición de carácter general, indiscriminada y no funcional, ni tampoco arbitraria y/o contraria al ordenamiento jurídico, ni limitadora de los derechos lingüísticos de los ciudadanos a relacionarse con el Ajuntament demandado en cualquiera de las lenguas oficiales".
En cuanto a la supuesta vulneración de la libre competencia, el magistrado señala que Convivència Cívica no ha acreditado que estas obligaciones impidan o limiten la participación de otras empresas ni que establezcan diferencias de trato entre los licitadores. Por lo tanto, no aprecia ninguna vulneración de los principios de igualdad, no discriminación o libre concurrencia.
Avalan las penalizaciones por incumplir las obligaciones lingüísticas
La sentencia también se pronuncia sobre el régimen de penalizaciones que había previsto el Ayuntamiento. El contrato establecía que, en caso de incumplimiento de las obligaciones lingüísticas, se podía imponer una penalización de entre el 0,1% y el 5% del precio de adjudicación. El juez considera que esta previsión también se ajusta a derecho, pero introduce un matiz importante: las sanciones no se pueden aplicar automáticamente ante cualquier incumplimiento. Es necesario que el órgano de contratación valore las circunstancias, tramite el procedimiento correspondiente y garantice el derecho de defensa de la empresa afectada.
Una recomendación para fomentar el catalán en la contratación pública
La resolución incorpora, además, la Recomendación 1/2025 de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Catalunya, que defiende la incorporación de cláusulas lingüísticas en los contratos del sector público como una herramienta para garantizar, proteger y fomentar los derechos lingüísticos. El documento considera que estas exigencias no deben limitarse necesariamente a los servicios que implican una atención directa a la ciudadanía. También pueden tener cabida en contratos de obras, suministros o servicios cuando exista una vinculación con el objeto contractual, como por ejemplo en la señalización, el etiquetado, los manuales de uso o las comunicaciones.
El juez concluye que no hay motivos para anular las cláusulas lingüísticas y lo expresa de manera inequívoca: "No puede prosperar la pretensión de nulidad de las cláusulas analizadas, ya que no incumplen las obligaciones en materia lingüística ni infringen el pliego de cláusulas administrativas particulares".
La resolución termina con una desestimación total de la demanda: "Procede, en consecuencia, desestimar íntegramente la demanda y el recurso presentados y declarar conforme a derecho la resolución impugnada". El juez no impone las costas judiciales a ninguna de las partes, a pesar de la derrota íntegra de la entidad, porque aprecia que existían serias dudas de derecho en la cuestión debatida.
La sentencia, sin embargo, todavía no es firme. Convivència Cívica puede presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un plazo de quince días hábiles desde el día siguiente de recibir la notificación. De momento, el intento de la entidad de hacer desaparecer las obligaciones lingüísticas del contrato ha terminado con una resolución que avala la posición del Ayuntamiento de Girona y reconoce la validez de estas cláusulas en el marco de una contratación pública concreta.