La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha anunciado este lunes un recurso contra la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de una querella de la Fiscalía en su contra por haber permitido el debate sobre las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.
"No existe norma penal (ni puede existir) que prohíba el debate parlamentario. Ni existe ni puede existir un debate de ideas ilegal como el Ministerio Fiscal insinúa", se argumenta en el recurso.
En el recurso también se apela a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la cual se acuerda de que la libertad de expresión resulta fundamental y está "uno de los pilares básicos de una sociedad democrática y de su progreso y desarrollo".
Recurso de súplica
La notificación por parte del TSJC llegó el martes de la semana pasada a manos de la presidenta de la cámara catalana. Un funcionario judicial entregó el texto a Forcadell, una notificación motivada de once páginas. A partir de entonces la presidenta del Parlamento tenía tres días para presentar un recurso de súplica, más un día hábil posterior al plazo. Ahora, el TSJC tendrá que estudiar el recurso de Forcadell.
Según el comunicado del Parlament, el escrito de Forcadell recuerda que "no existe norma penal (ni puede existir) que prohíba el debate parlamentario", ni "existe" ni puede existir un 'debate de ideas ilegal' como lo que el Ministerio Fiscal insinúa".
El recurso de súplica afirma también que la decisión que recurre es "de inusitada trascendencia" y supone "un punto de inflexión en la voluntad de control de un poder del Estado", porque "la querella es el primer ejercicio conocido en la trayectoria del sistema penal español de someter a análisis en la jurisdicción penal la prohibición (y sanción) del debate de ideas".
Tergiversar los hechos
Al texto que se ha presentado este lunes se alega que la querella de la Fiscalía "o tergiversa 'parte de los hechos' o bien admite 'no 'contrastados', con la voluntad de 'generar una realidad que permita articular una querella que no tendría futuro si se respetara lo que realmente sucedió'.
Además, la presidenta de la cámara también considera que el Tribunal Constitucional "no puede obligar a nadie (en el sentido de obligarlo con consecuencias jurídico-penales por desobediencia) a controlar las opiniones y la actividad política con un filtro tal como lo que el Ministerio Fiscal aplica". "Estamos reiteradamente ante mandatos de interpretación incierta", se afirma al escrito, que añade que "no puede existir ninguna resolución judicial que genere un espacio de prohibición del debate parlamentario, ni ninguna fuerza anulatoria genérica que restrinja el derecho de representación política y de libre expresión de las ideas".
Por todo ello, Forcadell recuerda que "la libertad de expresión resulta fundamental en la elaboración de políticas y estrategias gubernamentales nacionales y constituye uno de los pilares básicos de una sociedad democrática y de su progreso y desarrollo", concluye citando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.