La Fiscalía de Barcelona ha vuelto a pedir la intervención judicial de las fundaciones Cellex y Mir Puig para proteger su patrimonio, en una vista celebrada este viernes en la Ciudad de la Justicia. La Audiencia de Barcelona revocó la intervención, el pasado octubre, al asegurar que se habían vulnerado el derecho de defensa de los tres ejecutores testamentarios del empresario químico y filántropo de la ciencia catalana Pere Mir, muerto el 2017. En concreto, la sección 9ª de la Audiencia de Barcelona aseguró que los tres albaceas investigados -el oncólogo Josep Tabernero, Jordi Segarra y Juan Francisco Capellas- no tuvieron tiempo de analizar la causa y los hechos que se les imputan por los delitos de administración desleal y apropiación indebida, tal como exponen sus defensores Pau Molins y Jorge Navarro, que en la vista han asegurado que cumplían el mandato que les hizo Mir. Las defensas han destacado que la magistrada del caso Cellex, Myriam Linage, ha expulsado la Generalitat como acusación en este procedimiento, por la nulidad dictada por la Audiencia.
En la vista, sin embargo, el fiscal Álvaro de Juan García ha pedido a la titular del juzgado de instrucción 12 de Barcelona que nuevamente acuerde, como hizo el abril pasado, que las fundaciones y las sociedades de Mir sean controladas por un administrador judicial, nombrado por el Protectorado de Fundaciones de Catalunya, según ha informado la Fiscalía de Barcelona. Además de las dos fundaciones, fueron intervenidas las mercantiles Simex, Sociedad Anónima de Intereses, José Pamias, Mil Veinte, Plaxic, Pinar i Sacer Internacional.
Prohibición de vender patrimonio
Además de la administración judicial, la Fiscalía también ha solicitado como medida cautelar "la prohibición de disponer sobre diversos inmuebles titularidad de los investigados", así como el depósito judicial y embargo preventivo de diversos objetos de valor, a fin de salvaguardar el patrimonio de las fundaciones y sociedades. El objetivo, según la Fiscalía, es "garantizar l'efectividad de la responsabilidad patrimonial que en su caso fuera procedente exigir a los investigados".
Perjuicio provisional de 6 millones
Àngel Surroca, que fue colaborador de Pere Mir y gestor histórico de la empresa Derivados Forestales, denunció en 2023 que no se estaba ejecutando correctamente su herencia y acusa a Segarra de vender activos clave (residencias en Suiza, el Valle de Arán y Barcelona) sin justificar su destino. Surroca está personado como acusación popular en la causa con la abogada Esther Palmés, que ha pedido las mismas medidas cautelares de intervención judicial de las fundaciones y sociedades que la Fiscalía.
Los Mossos hicieron una investigación en secreto, durante casi un año, hasta que la instructora del caso Cellex, la magistrada Myriam Linage, acordó su intervención hace nueve meses. Se cifra el perjuicio provisional en 6.215.039 euros y la magistrada vinculó la necesidad de cautela por "la persistencia de actuaciones recientes de disposición", como por ejemplo préstamos de enero de 2025, lo cual -sostuvo- "acredita un riesgo de continuidad delictiva". Rechazó, por otro lado, que las instrucciones de Mir amparen donaciones o autopréstamos como las realizadas.