La fiscalía ha abierto una nueva línea de investigación en torno a la presunta financiación ilegal de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en lo que se conoce popularmente como el caso 3%, según han confirmado a la ACN fuentes del ministerio público.

Ahora, esta línea afecta a productoras audiovisuales relacionadas con TV3, después de que este lunes, el empresario Juan Manuel Parra confesara ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que en 2010 tres empresas que administraba, Hispart, Audiovisual Exit y Estereorent, habían cobrado a través de dos productoras relacionadas con el canal catalán tareas que en realidad había hecho por la campaña de CDC a la presidencia de la Generalitat.

Parra, que ya había confesado lo mismo anteriormente en los juzgados de Barcelona, también implicó al exconseller de Justícia de la Generalitat Germà Gordó, ya investigado por el caso 3%. Según el empresario, Gordó fue la persona que le facilitó el cobro de estos trabajos para el partido a través de las dos productoras.

Una de estas productoras, Triacom, estaba vinculada a un exgerente de TV3, Oriol Carbó, y es uno de los objetivos que ahora la Fiscalía Anticorrupción quiere investigar. Según confesó Parra el lunes, mantuvo encuentros periódicos con Carbó para que este le dijera los conceptos donde tenía que cargar las facturas.

También según la declaración del lunes, en una de estas reuniones con Carbó este le pidió que hiciera facturas falsas a nombre de Triacom y pusiera como concepto la aportación de aparatos audiovisuales para programas de TV3 como El gran dictat o Fish and Chips. Con todo, durante el interrogatorio no quedó clara la cantidad que cobró por estos conceptos.

En todo caso, y según la documentación que el empresario aportó ante la Audiencia Nacional, los pagos ascenderían a 750.000 euros. Es la misma documentación aportada ante el juzgado de instrucción 23 de Barcelona, donde hay abierta una causa contra él por la cual se lo juzgará el próximo septiembre.

El fiscal encargado del caso, José Grinda, ya ha pedido a la Audiencia Nacional que lo cite en calidad de investigado, y que reclame toda la documentación sobre los pagos de la productora a Parra. Entre esta documentación, Parra aportó un CD con la grabación de una conversación del 2011 entre él y Gordó en que este le ofrecía el sistema de cobro que ahora la fiscalía quiere investigar.

Parra había sido condenado con anterioridad a ocho meses de prisión por un delito continuado de falsedad, para cobrar cerca de 825.000 euros por servicios prestados en el montaje de actos de CDC a través, en este caso, del Palau de la Música. También confesó que había hecho otras tareas para CDC por la campaña del 2014 en el Congreso de los Diputados.