El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado Juan Manuel (Juanma) Serrano, expresidente de Correos y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el caso Leire Díez. La decisión llega después de la petición de la Fiscalía Anticorrupción trás el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que atribuye a Serrano una "participación preeminente" en las dos presuntas tramas del caso: supuestas irregularidades en contratos públicos y maniobras para desestabilizar causas judiciales.
Los investigadores de la UCO sostienen que Juanma Serrano hizo gestiones para colocar a la exmilitante socialista Leire Díez en Correos y apuntan la existencia de indicios de su participación en la presunta red para desbaratar causas judiciales que afectan al gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE. En este punto, señalan que los mensajes entre Serrano y Díez analizados sugieren una colaboración "estrecha" entre ambos. Santiago Pedraz ya dejó abierta la puerta a investigar a Serrano en el auto que dictó el pasado 26 de mayo, en el que acordaba la imputación en esta causa del exsecretario general del PSOE Santos Cerdán. Aunque entonces descartó atribuirle la condición de investigado, a la espera de practicar las diligencias oportunas para determinar "la relevancia y naturaleza de su intervención" y su eventual responsabilidad penal.
Clonación del teléfono
Fuentes judiciales han confirmado este viernes que la Fiscalía ha apoyado la petición de la UCO para que Santiago Pedraz autorice "el acceso, clonación, volcado, visionado y estudio" del teléfono de Juanma Serrano, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez del 2014 al 2018, cuando solo era líder del PSOE, y presidió Correos entre este último año y el 2023.
Las primeras investigaciones de este caso se remontan a diciembre del 2025 y se limitaban a una serie de operaciones vinculadas a Hirurok —grupo integrado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso— y a su presunta utilización de influencias en varias sociedades de la SEPI para obtener beneficios. Entre estas operaciones estaba el rescate de Tubos Reunidos. A medida que avanzaban las indagaciones, la investigación amplió el objeto de la causa hasta abarcar una presunta estructura organizada para recoger información sobre jueces, fiscales y mandos policiales que investigaban procedimientos sensibles para el entorno del gobierno español y del PSOE.