La Fiscalía Provincial de Madrid ha reclamado este miércoles la absolución de Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, de cara al juicio con jurado popular. El Ministerio público sostiene que ni la esposa del presidente del Gobierno ni su trabajadora cometieron ningún delito. El fiscal ha presentado ya su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, y mantiene la misma postura que ha defendido desde que se inició el procedimiento judicial. "Los hechos expuestos no son constitutivos de infracción penal" y, por lo tanto, "sin delito no hay autor", recoge el escrito.
El fiscal expone en su escrito que Gómez fue codirectora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Complutense entre 2020 y 2024, una actividad "no retribuida" por la que "no cobró ninguna cantidad". "Percibió cero euros", remarca en el documento. Sobre el software desarrollado en este marco, el escrito recoge que "ninguna de las investigadas se ha beneficiado económicamente" y que no consta que la universidad "haya sufrido perjuicio patrimonial". Añade que ni Gómez ni Álvarez hicieron "presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas" para promover la cátedra y sus patrocinios.
En cuanto a Álvarez, la Fiscalía indica que fue nombrada directora de programas de Presidencia el 16 de julio de 2018 como personal eventual, y que ha ejercido el trabajo "de forma real y efectiva". En la ayuda que ocasionalmente ha prestado a Gómez, según el escrito, no ha habido "ningún tipo de detrimento para el patrimonio y recursos públicos". Para el juicio, el fiscal propone que el interrogatorio de las acusadas se practique en último lugar y la declaración de 30 testigos, entre ellos el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y directivos de Google, Telefónica e Indra.
Peinado se jubila cumpliendo su objetivo
El juez Juan Carlos Peinado, justo antes de jubilarse el pasado septiembre, abrió juicio oral con jurado popular contra Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. La mujer de Pedro Sánchez se sentará en el banquillo de los acusados, en una fecha todavía por determinar. Su asesora, Cristina Álvarez, responde solo por malversación.
Peinado considera que Gómez se aprovechó de su relación matrimonial con el presidente del Gobierno para "impulsar su proyección profesional alrededor de la Universidad Complutense de Madrid, cosa que le permitió obtener una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico".
La investigación arrancó en abril de 2024 con una denuncia de la organización Manos Limpias. Los hechos giran, entre otros asuntos, alrededor de la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y del trabajo que hace para ella su asesora, pagada con fondos públicos. De cara al juicio, la acusación popular que lidera Hazte Oír solicita penas de 13 años de prisión para Gómez y de seis años para Álvarez, mientras que las defensas piden su absolución.
Peinado, titular del Juzgado de Primera Instrucción número 41 de Madrid, se jubiló el 27 de septiembre, en su 72.º aniversario. El magistrado cerró la instrucción el pasado abril y propuso juzgar a Gómez ante un jurado popular por cuatro delitos. La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado el juicio con jurado, que tendrá nueve miembros, pero ha descartado dos de las acusaciones.
La querella atribuía a Gómez presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En agosto de 2025, Peinado imputó a Gómez y Álvarez por un presunto delito de malversación relacionado con la contratación de la asesora. Durante la instrucción, la Fiscalía ha pedido en varias ocasiones el archivo de la causa y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado sucesivos informes que no han encontrado indicios claros de delito. El Gobierno enmarca el caso en una estrategia de lawfare por parte de la derecha.