La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela podría dictar la orden de detención para el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro consellers que se han quedado con él en Bruselas: Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig.

La Fiscalía lo ha pedido después de las declaraciones alegando que "era un hecho notorio y públicamente conocido su citación para comparecer en el día de hoy a declarar como investigados". El ministerio público, en su escrito, expone que "constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas a las cuales se ha hecho caso omiso".

El ministerio público pide, por una parte, una orden de busca y captura nacional e internacional, y además, una orden europea de detención dirigida a las autoridades belgas, alegando que "consta que los querellados ausentes se encuentran o al menos han viajado a Bélgica".

Sus abogados han pedido poder declarar por videoconferencia desde Bélgica, pero la Fiscalía se ha negado y ha argumentado que "no han ofrecido ningún dato sobre su paradero actual" y pide que se ejecute lo previsto en la querella que presentó el lunes contra el Govern por la declaración de la República catalana en el pleno del Parlament del viernes, 27 de octubre. En el escrito, el ministerio público pedía la detención inmediata en caso de que los miembros del Govern no se presentaran en la Audiencia Nacional a declarar.

De los 14 miembros del Govern, sólo nueve han venido a Madrid. Carles Puigdemont y cuatro consellers más se han quedado en Bruselas donde el martes comparecieron públicamente. De los siete consellers que inicialmente había en Bélgica, tres han vuelto. Son Joaquim Forn, Meritxell Borràs y Dolors Bassa.

Ahora Carmen Lamela tiene que decidir si dicta las correspondientes órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) y, en caso de que la magistrada las aprobara, las autoridades belgas tendrían que proceder al arresto de Puigdemont y sus consellers.

Las órdenes europeas de detención o euroórdenes sustituyen entre los estados miembros de la Unión Europea (UE) el procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica a España desde el 2004, después de que se pusiera por delante a nuestro ordenamiento una directiva europea del 2002.

El procedimiento del OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla.