La Fiscalía Superior de Catalunya pidió que el president Carles Puigdemont declarara como testigo en una sede judicial belga con el fin de garantizar su autenticidad, así como evitar "un acto de propaganda", en el juicio al exconseller Miquel Buch y al exescolta del president Lluís Escolà, en la Audiencia de Barcelona, según el escrito del ministerio público al cual ha tenido acceso ElNacinal.cat. Puigdemont -calificado de "fugado" por el Tribunal Supremo- declaró este viernes y no hizo propaganda, sino que colaboró con la justicia española y, a petición del presidente de la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona, hizo de traductor a la fiscal y a una funcionaria belga que estaban con él y preguntaban donde estaba el traductor de castellano a francés para seguir el interrogatorio, tal como recoge la normativa de cooperación judicial europea.

La sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona aprobó la declaración como testigo de Carles Puigdemont para  el juicio a Buch y Escolà el 16 de marzo de 2022, y no fue hasta 15 meses después, el 13 de junio pasado, que la Fiscalía pidió al tribunal que emitiera una orden europea de investigación para pedir la colaboración de la justicia belga y que el interrogatorio del president Puigdemont se realizara en un juzgado belga,  en lugar de su domicilio o despacho en Waterloo. El tribunal había aprobado una videoconferencia con el sistema Webex, con el cual acostumbra a trabajar la Administración de Justicia.

La defensa de Escolà, ejercida por los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye y que había solicitado la declaración de Puigdemont, se opuso a la petición de la Fiscalía y la calificó de "inaudita porque no se expresa ningún motivo de indefensión o nulidad", y porque sostiene que hay que garantizar "la autenticidad en la identidad del testigo" de una persona pública como es un president de la Generalitat. También la consideraba "extemporánea", ya que habían pasado más de 15 meses y no había manifestado nada hasta estar a las puertas del juicio y con el temor a que implicara un segundo aplazamiento de esta vista, con el inicio fijado el 28 de junio.

De forma excepcional, la Administración de Justicia española ha sido rápida y diligente, y la cooperación con las autoridades belgas, a través del enlace de la magistrada Paloma Conde-Pumpido, funcionó y la declaración de Puigdemont se pudo hacer este viernes, tal como estaba programado hacía más de un año. Sin embargo, la declaración se tuvo que suspender unas horas porque el órgano emisor, en este caso la Audiencia de Barcelona, tenía que aportar el traductor.

En "rebeldía procesal"

En el escrito, el teniente fiscal Pedro Ariche expresa que la declaración de Carles Puigdemont como testigo en un juicio es una "anómala circunstancia" porque "es una persona en situación de rebeldía procesal que ha sido llamada a prestar testigo ante un órgano judicial delante del cual -por motivos obvios- no puede comparecer en persona". A pesar de la ironía del número 2 de la Fiscalía Superior de Catalunya, Puigdemont está comparecido en el Tribunal Supremo a través de su abogado Gonzalo Boye, que tuvo que luchar con recursos para que el juez instructor de la causa contra los líderes catalanes, Pablo Llarena, lo reconociera como parte y le comunicara sus resoluciones. Puigdemont se exilió al considerar que sería encarcelado y que no tendría un juicio justo, como ha expuesto al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que este miércoles tendrá que resolver si acepta su demanda, junto con Toni Comín y Clara Ponsatí, para que se le mantenga su inmunidad como parlamentarios europeos.

El teniente fiscal argumentaba que a fin de que la prueba del testigo de Puigdemont sea "objetivamente idónea", como fija la doctrina del Tribunal Constitucional, se debía de realizar en sede judicial. Y como está en el extranjero, había que emitir una orden europea de investigación, "con el fin de garantizar los derechos de las partes como la autenticidad o intangibilidad o veracidad del medio de prueba". Y añadía: "Con el cumplimiento de estas cautelas, se trata también de evitar que una declaración de un testigo pueda convertirse en un acto diferente del pretendido por la ley, instrumentalizándose, no para dar a conocer los hechos, sino para generar un escenario o aprovechar el entorno o el lugar desde el cual se realiza como un acto de propaganda diferente de su vocación procesal".

La imagen que dio el presidente Puigdemont rompió con todas las previsiones de la Fiscalía: un testigo serio y colaborador con una justicia que lo califica de prófugo. Y, además de defender a sus "dos amigos" y al "patriota" Escolà, Puigdemont aprovechó su declaración para denunciar que el Estado español "ha incumplido la ley" sobre las prerrogativas que tienen los expresidents de la Generalitat por no permitir que tenga protección en el extranjero.

¿"Presidente, ha cometido un delito"?

En la sesión, su abogado, Gonzalo Boye preguntó a Puigdemont: "¿President, ha cometido algún delito sobre los hechos que se juzgan?" Pregunta que puso en alerta a la fiscal belga, ya que eso implica que el president tendría que declarar con un abogado al lado para garantizar su derecho defensa. El presidente de la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona, José Carlos Iglesias, también lo vio claro y cortó de raíz la pregunta y la declaró impertinente, con explicaciones a las juristas belgas con una traductora nerviosa y poco diligente al principio, ya que traducía palabra a palabra cada pregunta, hasta que cogió ritmo. Boye justificó la pregunta porque en el escrito de acusación, el fiscal sostiene que Buch y Puigdemont acordaron que Escolà le haría de escolta, mientras cobraba un sueldo como asesor del entonces conseller Buch, de julio de 2018 en marzo de 2019.

El presidente del tribunal también cortó al fiscal Ariche cuando le preguntó a Puigdemont si había ido con dos mossos que le hacían de escolta cuando fue detenido en Alemania, y que la Audiencia Nacional absolvió de la acusación de permitir su huida; ellos aseguraron que lo acompañaban a las autoridades belgas cuando Llarena reactivó su detención.

En el interrogatorio, el president Puigdemont insistió que en su marcha al exilio, en octubre de 2017, y en estos años ha sido acompañado "por amigos", como Escolà, y otros agentes de los Mossos, pero que la Generalitat no le ha puesto ningún servicio de protección, al serle prohibido por el Gobierno.

El juicio a Buch y Escolà se reanudará el próximo 13 de julio con su interrogatorio y los informes finales. Inicialmente, el fiscal pide 6 años de prisión y 27 de inhabilitación para Miquel Buch por los delitos de malversación de fondos y prevaricación y 4 años y seis meses de prisión y 23 de inhabilitación para Lluís Escolà como cooperador necesario de los dos delitos.