Salvador Viada, uno de los once fiscales conservadores del Tribunal Supremo que este martes votó a favor de pedir la imputación del president Carles Puigdemont por terrorismo, ha acusado este miércoles al Gobierno de haber ejercido "injerencias" en su tarea y de no respetar el criterio mayoritario de los representantes del ministerio público en el Supremo. "Nos han hecho un 155 encubierto", ha afirmado Viada en una entrevista en Onda Cero, recordando que ahora el criterio definitivo quedará en manos de la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, nombrada por la anterior fiscal general del Estado, la exministra Dolores Delgado. Viada se muestra convencido de que la Fiscalía se pronunciará en contra.
Los argumentos de Redondo no convencieron
Viada ha afirmado que en la reunión de este martes de la Junta de Fiscales que tumbó el informe de Álvaro Redondo, el fiscal contrario a investigar a Puigdemont por terrorismo, este defendió su posición durante una hora y media. Viada sostiene que Redondo "defendió bien su posición porque es un buen jurista", pero que sus argumentos no convencieron, porque "el contenido del informe que defendió", según su criterio, "no era acertado". Según Viada, la instrucción del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón aporta datos sobre la comisión del delito de terrorismo, porque el Tsunami Democràtic pretendía "obligar al Estado a cambiar de opinión". Los fiscales del Supremo analizaron la exposición razonada que había hecho el juez de la Audiencia Nacional García-Castellón. Así pues, asumiendo que todo sea "probablemente cierto", el asunto "no tiene mucha complejidad porque en el tipo penal del terrorismo están recogidos todos los requisitos", aclara el fiscal.
Los requisitos de terrorismo
Según Onda Cero, antes del 2015, para que se apreciara el delito de terrorismo era necesario que el acusado perteneciera o tuviera una relación con una banda terrorista. Sin embargo, cuando aparecieron los lobos solitarios, se cambió la norma y, por eso, hoy en día, para considerar terrorismo "hay que cometer un delito grave siempre que se haga con una finalidad concreta", explica Viada. Esta finalidad concreta —que se llama el tipo subjetivo o el ánimo del autor— la recoge el juez en la exposición razonada, con los comunicados de Tsunami Democràtic, casi de manera literal: obligar al Estado a negociar, a cambiar de opinión sobre este tema. De esta manera, argumenta Viada, el asunto no es muy complejo desde el punto de vista penal, asegurando que en las acciones del Tsunami se produjeron situaciones en que hubo algún caso de tentativa de homicidio. "Si uno entiende que Tsunami es una organización que lanza masas de personas a confrontarse directamente con las fuerzas de seguridad del Estado, aquellos que lanzan a las masas tendrían que asumir las consecuencias de lo que pueda pasar. En consecuencia, estas lesiones, estas tentativas de homicidios, en algún caso son atribuibles a las personas que lanzan a las masas. Por eso, "hay algunos compañeros (refiriéndose a los cuatro que votaron en contra) que no comparten este matiz, pero la mayoría sí", sostiene Viada, que explicó que para que haya delito de terrorismo, tienen que ser delitos graves y, para ser graves, tienen que estar castigados con penas de más de 5 años de prisión. Por eso, "hay que analizar qué delitos se fueron cometiendo, según la exposición razonada, para compararlos con la pena que se les asigna en el Código Penal y distinguir cuáles son graves y cuáles no".
Discrepancia de los jefes de la Junta de Fiscales
Una vez la Junta de Fiscales del Supremo tumbó el informe contrario a perseguir Tsunami por terrorismo, la cuestión quedará en manos de la teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, que impondrá su criterio en un cuerpo jerárquico. Eso es así porque durante la reunión de este martes se produjo una discrepancia entre los dos jefes de la Junta de Fiscales. Por una parte, Fidel Cadena, partidario de perseguir a Puigdemont, y por la otra, Joaquín Sánchez-Covisa, que se pronunció en contra. Según Viada, "en los últimos tiempos" el Gobierno está poniendo a los fiscales contra la pared y les fuerza a elegir entre "plata o plomo". "Cuando nos atacan, atacan una interpretación de la ley que hasta ahora ha sido pacífica", y lo hacen "por intereses abiertamente políticos", ha argumentado, para "asegurar una mayoría parlamentaria". "Cuando vemos que se producen este tipo de cosas, nos preocupa", ha concluido, y "mantenemos nuestra interpretación recta de las cosas".
Salvador Viada explica que cuando ayer entró en la Junta, un compañero le advirtió: "Nos harán el artículo 24", sobre la unidad de acción y la jerarquía. Eso quiere decir que si el resultado de la votación no es favorable al criterio de que no hay delito de terrorismo, habría discrepancias entre los jefes y el asunto se escalaría. "Eso te quita el ánimo, porque yo pensaba que estaba haciendo aquí una cosa importante y, en realidad, estoy cumpliendo un trámite", se queja el fiscal. Con eso, según Viada, la discrepancia de los fiscales del Supremo pasa a ser una mera apariencia. "Al fin y al cabo, esto está hecho con todas las garantías para que lo resuelva el fiscal general del Estado", sentencia, mientras añade: "Nos han hecho un 155 encubierto".