La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que archive la causa contra los doce CDR de la operación Judas, acusados de terrorismo, en aplicación de la ley de amnistía. La fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, ha presentado el escrito este miércoles, en el que pide al tribunal que dicte el sobreseimiento del caso porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya aclaró este julio que la norma del olvido penal del procés "es compatible" con la normativa europea contra el terrorismo de 2017, según ha informado a ElNacional.cat.
El Ministerio Fiscal, que inicialmente solicitaba de 8 a 27 años de prisión para los procesados, pidió la amnistía para todos ellos, al asegurar que no habían causado daños personales ni materiales, como exige la norma para poder ser amnistiados. Alerta Solidària, que defiende a la mayoría de los afectados, también ha reclamado el archivo de la causa. Asociaciones de víctimas de terrorismo, como acusación popular, se han negado a aplicarles el perdón penal.
Nueva consulta
El tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, ya expresó que los hechos imputados a los activistas (básicamente, manifestarse en 2019 contra la sentencia del procés) encajaban en la ley orgánica 1/2024, pero dudaba si era respetuosa con el derecho de la Unión. Por ello, paró el inicio del juicio, hace dos años, e hizo una consulta, con una prejudicial, al tribunal europeo, que le ha dicho que sí.
Con la respuesta del TJUE, la Audiencia Nacional no les aplicó la amnistía y dio un plazo para que se pronunciaran las partes. La Fiscalía ya lo ha hecho. Los abogados de los activistas recordaron al tribunal que "la misma sala, en la resolución del 9 de julio de 2024, ya dejó constancia de que, atendidos los escritos de calificación provisional, no se describe ningún resultado lesivo contra la vida o la integridad física o psíquica de ninguna persona, ni la existencia de víctimas, ni daños materiales". Es decir, que no se cumplía ninguno de los requisitos de la ley para excluir a los CDR de la amnistía.
La sentencia del Constitucional
En la misma situación de espera y desazón se encuentran los 35 excàrrecs de los gobiernos de Carles Puigdemont y de Artur Mas, que esperan que el Tribunal de Cuentas les aplique la amnistía y archive su causa de responsabilidad contable por el gasto del 1-O, después del aval del TJUE, en una segunda sentencia. Un nuevo argumento para el archivo es la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha hecho pública este martes, en la que avala la amnistía de la malversación del 1-O.