La Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya archive su querella contra la consellera Meritxell Borràs por el concurso para licitar urnas, al entender que, aunque este quedó desierto, "consumó" el delito al convocarlo con la finalidad de celebrar un referéndum independentista.
En un escrito, el ministerio público ha respondido así al recurso que la defensa de la consellera y su exnúmero 2 en Governació Francesc Esteve presentó contra la decisión del TSJC de admitir a trámite la querella que la Fiscalía presentó contra ellos por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, al convocar un acuerdo marco para la licitación de urnas.
Borràs presentó el recurso el lunes a última hora, un día antes de que trascendiera que el concurso de las urnas quedaba desierto.
Declaraciones delatoras
El fiscal no se cree a Meritxell Borràs: "No es atendible el argumento que las urnas licitadas en el acuerdo marco podrían ser necesarias en situaciones muy diversas como elecciones sindicales, claustros universitarios, cámaras agrarias, etc., desde el momento que el anuncio que declara desierto el concurso va acompañado por nuevas manifestaciones que confirman que se mantiene el compromiso de comprar urnas para la realización del ilegal referéndum a celebrar el día 1 de octubre del 2017".
Y cita la rueda de prensa posterior al Consell de Govern del martes donde la consellera de la Presidència persistió en la idea de comprar urnas para hacer el referéndum: "En este sentido, la consellera de Presidència y portavoz del Govern Neus Munté, en rueda de prensa posterior al Consell Executiu manifestó: 'Mantenemos nuestro compromiso con la compra de urnas. ¿Habrá urnas el 1-O? Evidentemente, habrá urnas. Para hacer un referéndum se requieren'".
Malversación de fondos públicos a pesar de no comprar urnas
La Fiscalía se opone al archivo y además reclama que se mantenga el delito de malversación de fondos públicos a pesar de que ni se ha gastado nada en la compra de urnas ni se ha sacado adelante el concurso público.
"El inicio, formalizado y publicado, de un procedimiento de contratación administrativa dirigida a una finalidad ilegal pone de manifiesto que sus autores han dado principio a la ejecución del delito con un hecho causalmente imprescindible para la producción del resultado y por lo tanto, dado el caso, penalmente relevante", dice el ministerio público en su informe.
La Fiscalía carga contra los ataques políticos
El ministerio público utiliza su informe para lanzar un mensaje contra, dice, "las afirmaciones tan gratuitas como infundadas que se entregan en el escrito de recurso al afirmar que la querella obedece a un 'uso preventivo del derecho penal' o, que 'persigue hechos que todavía no se han cometido'", frases quizás idóneas para ser utilizadas como eslóganes o consignas pero que no se corresponden en absoluto con la realidad de los hechos ocurridos. El fiscal actúa ante los tribunales en defensa del interés social y de acuerdo con el principio de legalidad sin excepciones".