La resolución del tribunal alemán que descarta el delito de rebelión y sedición y pone todo el peso de la acusación contra Carles Puigdemont en la malversación ha caído en medio de la toma de posesión de la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra.

Fue el ministerio público quien puso en marcha toda la maquinaria judicial contra el Govern de Catalunya y la Mesa del Parlament por el referéndum del 1 de octubre, primero con la denuncia por sedición contra los Jordis y después por las querellas que dieron pie a la instrucción de Pablo Llarena.

Hoy María José Segarra, recién estrenada en el cargo, sólo ha podido decir que estudiará la resolución del tribunal alemán. En su mano tiene la petición de penas que pedirá la fiscalía en su escrito de acusación y si se basará en el delito de rebelión. De hecho, la fiscalía nunca ha acusado por este delito. Y en su mano también está una decisión todavía más compleja e improbable: la retirada de las querellas.

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha indicado que todavía no tiene "conocimiento oficial" de la resolución del tribunal de la región alemana de Schleswig-Holstein autorizando la entrega de Carles Puigdemont sólo por malversación y no por rebelión, por lo que ha dicho que cuando la reciba lo estudiará.

"Todavía no tenemos conocimiento oficial de la resolución y el texto hará falta estudiarlo. Sólo tenemos información de la prensa. De momento no podemos decir más. Cuando analicemos la resolución, ya se lo diremos", ha manifestado Segarra a los medios de comunicación al llegar al homenaje a su antecesor en el cargo, Julián Sánchez Melgar, en un hotel de Madrid.

La fiscal general ha aprovechado la ocasión para agradecer la "importante colaboración" prestada por el ministerio público alemán en el caso de Puigdemont, a la vez que ha reivindicado la "importancia de los mecanismos de cooperación internacional".

"La fiscalía seguirá dando apoyo y creyendo en los mecanismos de cooperación y confianza mutuas y seguiremos trabajando en este sentido", ha garantizado.

Segarra tiene tiempo para analizar y decidir. El tiempo de Puigdemont se alarga a la espera de los recursos que no se resolverán hasta septiembre, alcanzando también el tiempo de inicio de un juicio que se espera para el otoño pero que cada vez ve dilatar más los trámites finales.