El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido el recurso que los fiscales del Tribunal Supremo han presentado contra el auto del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a fin de que se aplique al president en el exilio, Carles Puigdemont, el delito de desórdenes públicos agravados y no solo el de malversación. García Ortiz ha reivindicado que la misión de la Fiscalía es evitar que haya "espacios de impunidad" aunque haya reformas legales, entendiendo que "hay conductas que siempre tienen que ser castigadas". Así, el fiscal general ha defendido la mano dura contra el president Puigdemont a pesar de la derogación de la sedición.

El máximo representante del Ministerio Fiscal ha valorado la discrepancia entre el magistrado y la Fiscalía como cualquier otra "controversia jurídica" y le ha quitado importancia afirmando que "el estado de derecho es así". "Si no estamos de acuerdo, si los fiscales que llevan la causa del procés no están de acuerdo con el auto judicial, simplemente expone su tesis, manifestando su recurso", ha apuntado a García Ortiz.

En este sentido, ha explicado que la diferencia jurídica entre la tesis de Llarena y los cuatro representantes del Ministerio público, "básicamente, se recoge en los desórdenes públicos". "Nosotros entendemos que no hay espacios de impunidad, que estos espacios se pueden llenar a través de la aplicación de los tipos penales que quedan después de la derogación de la sedición", ha aseverado el fiscal general, que ha añadido que expondrán, "como es normal y natural en derecho", su tesis "en la sala del Tribunal Supremo para ver qué decisión toma".

Ultiman el criterio para revisar las condenas de malversación

García Ortiz también ha informado de que la próxima semana estará terminado el decreto con el cual fijará el criterio único de aplicación en las revisiones de condenas por malversación después de la reforma del Código Penal, que en algunos casos implicará la reducción de penas. El fiscal general del Estado ha manifestado que siempre que hay una modificación del Código Penal "se abre un periodo de reflexión sobre el cual sucederá con las causas que han sido penadas con la anterior legislación, qué pasará con aquellas que serán juzgadas y cuál será la postura de la Fiscalía", que, ha recordado, "es única en todo el territorio y tiene que tener un criterio unificado".

Aunque ha reconocido que los tiempos con qué se están produciendo los cambios "son un poco acelerados", ha asegurado que el decreto que establecerá este criterio estará redactado "la semana que viene sin ningún tipo de duda". "Espero que a principios de la próxima semana podamos tener un texto para ofrecer a todos los fiscales este instrumento de unificación que aclarará, al menos, la postura de la Fiscalía", ha afirmado.