A España le falta "conocimiento técnico" sobre las órdenes europeas de detención (OEDE) y otros métodos de cooperación judicial entre estados. Así lo señala la organización Fair Trials en el documento Más allá de la entrega, publicado hoy. Según los expertos, "uno de los problemas básicos es la falta de conocimiento técnico en relación con el funcionamiento de los instrumentos de reconocimiento mutuo a España".

La investigación pone de relieve que los principales "problemas, pruebas y retos" tienen que ver con "la aplicación práctica" a la hora de emitir una euroorden. En "muchos casos", indican, la orden se aplica de forma "desproporcionada" ante otras alternativas de cooperación judicial y medidas de reconocimiento mutuo que son menos "onerosas" en términos de los derechos de la persona requerida.

La investigación de Fair Trials sobre el uso y el impacto de las euroórdenes en la vida de las personas extraditadas y sus familias también denuncia que la euroorden se sigue utilizando para "investigar personas y juzgar delitos menores". Concretamente el proyecto se fija en cuatro estados: Rumania, Polonia, Lituania y España. En el caso del Estado la investigación la ha llevado a cabo Rights International Spain y se basa en casos ocurridos en los últimos años.

Falta de coordinación

"Sin duda, un mejor conocimiento de los instrumentos permitiría un uso más adecuado de medidas alternativas a la prisión provisional o la solicitud de sustitución del OEDE para las personas privadas de libertad, en casos de cumplimiento de pena", exponen en el informe sobre España a las expertas de Rights International.

Por otra parte, critican que hay una "falta de coordinación" entre los órganos judiciales y la Fiscalía e instan a una mejor coordinación y conocimiento de los instrumentos de la UE para evitar "situaciones absurdas". En este sentido, recomiendan en la Fiscalía la promoción de "cursos de formación especializada" en instrumentos de reconocimiento mutuo a la UE, con especial énfasis en las euroórdenes y las directivas procesales.

Entre las prácticas que se critican en el documento para argumentar que el uso es "desproporcionado" en muchos casos, destacan que se sigue recurriendo a la euroorden en fases iniciales de la instrucción o como medida para garantizar la toma de declaración de la persona, "cuando la ley no lo permite".

Datos imprecisos

También dicen que "no "consta" que los juzgados o tribunales españoles utilicen antes de emitir una orden europea la posibilidad de obtener declaración "a través de los canales de cooperación en la UE previstos en la ley". Un hecho que, defienden, podría no sólo evitar la detención sino también la posterior entrega.

Otro problema que advierten en el informe es que los datos disponibles sobre euroórdenes españolas no son "completamente fiables y precisos" y que un factor que puede tener relación es la forma en que se lleva a cabo la recogida de datos en juzgados y tribunales. Lamentan que no exista un registro independiente que permita conocer el número de euroórdenes emitidas y el procedimiento utilizado por la emisión y emplazan en el Ministerio de Justicia a crear uno.

"Su creación permitiría conocer el número de euroórdenes emitidas y el procedimiento o si han sido ejecutadas, haciendo posible su localización", dicen remarcando que eso mejoraría la coordinación entre juzgados y tribunales.