Juicio exprés. El Tribunal de Cuentas (TCu) ha ventilado el juicio sobre el gasto del 1-O y de la promoción exterior en menos de dos horas, este viernes. La consejera del departamento 2.º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas (TCu), Elena Hernáez, ha confirmado que si el president en el exilio, Carles Puigdemont, no se ha personado a la vista, no puede permitir que intervenga por videoconferencia porque los codemandados lo pidieron con solo cuatro días antes, aunque estaba aprobado desde diciembre. "El president Puigdemont ha esperado hasta el último momento por si podía venir", ha contestado con ironía su abogado Gonzalo Boye. El acuerdo por la investidura de Pedro Sánchez y el registro de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, justo hace dos semanas que se ha producido, y Puigdemont tiene una orden de detención en vigor en el Estado español.
Con respecto a la suspensión del procedimiento, pedido por ERC ante el proyecto de ley de amnistía, la consejera ha informado de que responderá por escrito y, por lo tanto, no ha dado el plazo en las partes para que presenten los escritos de conclusiones. En este sentido, el fiscal, Manuel Martín-Granizo, ha afirmado que "hasta que este proyecto no sea ley no se puede aplicar ninguna medida, ya que no se sabe a ciencia cierta qué recogerá". Por lo tanto, la causa del Tribunal de Cuentas sobre el proceso queda paralizado hasta que la consejera se pronuncie.
Catalunya intervenida
La Fiscalía pide que los presidentes Artur Mas, Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y unos 35 excargos del Govern devuelvan 3,4 millones de euros a la Generalitat por gastos supuestamente indebidos durante el 1-O y de promoción Exterior. Por su parte, Sociedad Civil Catalana reclama que devuelvan 5,3 millones a la Generalitat.
En este sentido, la declaración como testigo de la entonces interventora general del Estado, cuando se intervino la Generalitat, en septiembre de 2017, ha estado bien clara. "Pagábamos las nóminas y los acreedores de la Generalitat que nos decía la interventora de Catalunya", ha afirmado María Luisa Lamela, en referencia a la interventora Rosa Vidal, a pesar de que también és investigada en el juzgado de instrucción 13 por l'1-O. Lamela ha añadido que "no era su competencia ni tenían capacidad para hacer controles" de todos los pagos, con un volumen de unos 700 millones de euros a la Generalitat; y que el ministro Critóbal Montoro, no los dio ningún orden concreta.
Boye incisivo
El abogado Gonzalo Boye -defensor del president Puigdemont, y de los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comin, ha estado muy incisivo con la exinterventora general del Estado: "¿Quiere decir que el ministro Montoro mintió el agosto de 2017 que ningún dinero iría para hacer el Referéndum?" Lamela le ha respondido que ella no recibió ninguna orden del ministro, que tampoco tenían medios para hacerlo y que "tuvo una buena relación" con Rosa Vidal y ha confesado:"Yo quería que se subieran las nóminas". El abogado de Sociedad Ciivil Catalana, Juan Chaparía, ha protestado cuando Boye ha preguntado Lamela por su hermana magistrada "que consideró malversación estos gastos".
Homs destaca "contradicciones"
Por su parte, el abogado Francesc Homs -en representación de la ex consejera Neus Munté, Antoni Molons y Albert Royo, exsecretario general de Diplocat- ha insistido en preguntar a la interventora sobre los controles del Estado porque la Fiscalía les reclama que devuelvan unos gastos que habría sido validados por el mismo Gobierno.
Al acabar el juicio, Homs ha afirmado a los periodistas que en la prueba de hoy "se han evidenciado contradicciones", como el hecho que la entonces interventora del Estado ha afirmado que "controlaba, pero que no podía; y seguro que lo hizo bien porque siempre lo hacen".
El abogado también ha declarado que es "inquietante que ni la Fiscalía ni la acusación hayan hecho preguntas" y ha atribuido que cuando se va al detalle de la causa "se evidencia la debilidad de todo". Para evidenciar la normalidad de los gastos de Diplocat, Homs ha traído como testigo Antoni Millet Abbad, que era al comité ejecutivo, donde ha asegurado que el plenario validaba los gastos de este consorcio publico-privado. Ha añadido que era normal encargar estudios, como también invitar parlamentarios, gastos que la Fiscalía reclama a Royo y en el gobierno de Puigdemont. Finalmente, Homs también ha citado el profesor Alfonso González Bondia por un estudio sobre tratados internacionales encargado en la Universitat Rovira i Virgili, donde trabaja que la Fisclaia también cuestiona.