El exdirector general de Calidad Ambiental de la Generalitat Alfons M. López Salgueiro ha negado este lunes en la Audiencia Nacional haber recibido presiones de la familia Pujol Ferrusola por haber concedido la autorización ambiental del vertedero de residuos de Tivissa, el 21 de octubre de 2002, con el Gobierno de CiU y Jordi Pujol de president. “No soy una persona fácil de recibir presiones ni de impresionar con esos pareceres”, ha afirmado el excargo de la Generalitat -que hizo la ponencia ambiental para permitir esta instalación en las terreras del Ebro- ante el tribunal que ha reanudado el juicio contra el expresident Jordi Pujol, sus siete hijos y nueve empresarios acusados de corrupción y de tener dinero escondido en Andorra. La planta de residuos de Tivissa es una de las operaciones bajo sospecha por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado.
La operación fue impulsada por la sociedad Gestión y Recuperación de Terrenos SA, creada por otros dos imputados Gustavo Buesa y Josep Mayola, junto con Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer Mercè Gironès, a quienes pagaron unos 5,2 millones en 2002, en comisiones, al obtener su parte de la sociedad, que la Fiscalía Anticorrupción encuentra sospechosa porque es dos años después de obtener el permiso ambiental. Finalmente, la sociedad gestora del vertedero de Tivissa, Gestión de Recuperación de Pedreres, fue comprada por FCC Medio Ambiente por 15,8 millones de euros, y su responsable, Aurelio Blasco, ha asegurado en el juicio, que fue una buena operación y “amortizada antes de tiempo”.
Sin dependencia de Oriol Pujol
En su declaración como testigo, López Salgueiro ha explicado que la autorización del vertedero es un procedimiento "complejo", y que habitualmente se devuelven los proyectos y se piden mejoras para intentar evitar riesgos. A preguntas de los abogados defensores Cristóbal Martell, Francesc Sànchez, y Carles Monguilod, el excargo público ha negado haber recibido presiones, ni tampoco tener "ninguna dependencia" de la secretaría general de Industria, que entonces encabezaba Oriol Pujol -también investigado-, como ha dejado caer en la vista- sin preguntar nada- el fiscal Fernando Bermejo. La Fiscalía pide penas de 8 a 29 años de prisión para el expresidente Pujol y sus siete hijos por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y contra Hacienda; y 5 años de prisión para cada uno de los nueve empresarios imputados.
Contratos "no simulados"
Antes, dos exdirectivos del grupo Isolux han declarado como testigos y han afirmado que los contratos de asesoramiento que firmaron con Jordi Pujol Ferrusola el 2005 en el Gabón “no eran simulados”. Estos dos testigos se suman a otros dos exdirectivos del grupo que también validaron el negocio millonario inmobiliario compartido con el hijo grande del president Pujol en México, durante una sesión anterior.
En concreto, Cristian Gómez Martínez, ha declarado al tribunal que encontraron documentos firmados con Pujol Ferrusola por su asesoramiento y que se lo pagó comisiones por éxito de la operación, es decir gastado de recibir el contrato del gobierno del Gabón para hacer la red de electricidad de la zona. “¿Eran contratos simulados?”, le ha preguntado el abogado Óscar Morales, defensor de Luis Delso, expresidente de Isolux, y Gómez ha respondido “No”. Por su parte, Álvaro Rengifo ha confirmado la firma del contrato de Isolux con la empresa Iniciativas, que firmó Mercè Gironès como administradora, a pesar de que no hizo ninguna gestión, según recuerda. Los pagos se hicieron el 2010, cuando Rengifo ya no era a Isolux. Jordi Pujol Ferrusola recibió de Isolux unos 653.000 euros por el asesoramiento del Gabón entre los años 2010 al 2011.
Por su parte, una de las testigos, Laura Cutillas, ha asegurado que el padre de Mercè Gironès los exigió una comisión por la venta de su solar en l'Hospitalet de Llobregat, y que le pagó el 1%. En la sesión de hoy, solo han asistido Jordi Pujol Ferrusola y Luis Delso, del total de diecisiete acusados.
El juicio continúa este martes y miércoles con más testigos. En la sesión del jueves será el turno del interrogatorio de Esteban Urreiztieta, subdirector del diario El Mundo, que el 7 de julio de 2014 publicó las cuentas que los siete hijos del presidente Jordi Pujol (él no era titular de jefe) y su mujer tenían en Andorra sin declarar a Hacienda del 1992 al 2014.