El exalcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (Junts), ha pedido al juez del caso Volhov —sobre una supuesta financiación ilegal del independentismo catalán en el exilio— que decrete el archivo de su imputación en la pieza de Villa Bugatti porque los "míseros indicios" apuntados por la Guardia Civil contra él, no se han ni demostrado en la instrucción de esta causa. En concreto, en la pieza 5 del caso Volhov, se investiga si Mir cometió los delitos de tráfico de influencias y prevaricación por presuntamente haber favorecido al exconseller de ERC Xavier Vendrell para recalificar los terrenos de Villa Bugatti y ubicar un centro de educación especial de la Fundación El Brot. Esta operación se truncó con la detención de los investigados y registro de dependencias del consistorio, a finales de octubre de 2020. El fiscal de Anticorrupción que está en la causa tiene que responder ahora a esta petición, y después de que el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, lo acuerde o no.

En la causa de Villa Bugatti, también son investigados el exconcejal de Urbanismo, Enric Mir, que ERC hizo dimitir cuando se le encontró un sobre con unos 38.000 euros en el despacho municipal, y que después aportó al juzgado que eran para una compra particular, así como Vendrell, y responsables del Departament de Educació. Todos los investigados, entre los que también se encuentra el arquitecto municipal de Cabrera, y los testigos han negado cualquier trato de favor o ilegalidad, recuerda la defensa de Mir, ejercida por el penalista Jordi Pina.

La operación urbanística

En el escrito de defensa, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el abogado Jordi Pina expone que fue la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona (CTUB) quien informó al consistorio de que como el proyecto implicaba un cambio de uso —añadir el uso de equipamientos al uso residencial y hotelero que ya tenía— hacía falta realizar una modificación puntual del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) en el sector las Corts 2- Villa Bugatti, y así se hizo. Por eso, sostiene que "ni el Ayuntamiento de Cabrera ni Jordi Mir intentaron en ningún momento agilizar el proceso urbanístico", y añade que "tampoco habrían podido porque la modificación puntual del POUM que requería, está sujeta a unas normas muy garantistas que impiden una rápida tramitación y la mayoría externa al ayuntamiento".

Por otra parte, el abogado precisa que con relación a las obras de reforma en la finca Vila Bugatti, del año 2020, nada sabían el entonces alcalde ni los responsables municipales y técnicos porque "tan pronto como se detectaron que se habían hecho sin las licencias necesarias, se inició un procedimiento sancionador".

De 5 a 10 millones

El atestado policial asegura que la operación urbanística de 48.000 m² permitiría revalorizar las fincas y pasar de los 5 a 10 millones de euros, y por eso el magistrado autorizó los registros el 27 de octubre de 2020, a la búsqueda de estos indicios delictivos. Y se aseguraba de que los responsables políticos habrían favorecido Vendrell a impulsar este cambio urbanístico para permitir el uso educativo y continuar con la actividad de banquetes de Villa Bugatti.

El 28 de noviembre pasado, Jordi Mir, alcalde de Cabrera de Mar desde el 2011 hasta las elecciones municipales de mayo, declaró en el juzgado como investigado que no conocía a Xavier Vendrell de antes, que asistió a dos reuniones con los promotores del proyecto urbanístico, y que lo estudiaron porque era beneficioso para el municipio. Añadió que todas las actuaciones de los técnicos fueron correctas y que la aprobación inicial de la modificación urbanística se hizo en el pleno municipal de 25 de febrero de 2020, sin ninguna irregularidad. Todo quedó en la aprobación inicial, sin la definitiva, ya que irrumpió la investigación de la Guardia Civil.

En el escrito, también se recuerda que el secretario municipal declaró al juzgado como testigo y aseguró que no había recibido "ninguna sugerencia ni indicaciones" del alcalde o su equipo para acelerar el proyecto de Vendrell.

Ninguna actuación flagrante

Así, el abogado descarta que haya pruebas para acusar Mir de una de las modalidades de prevaricación urbanística, y recuerda que la ley fija que "solo serán delictivas actuaciones conscientemente arbitrarias, eso es, situaciones en las cuales exista una flagrante y burda vulneración de la legalidad y ordenación urbanística imposible de sustentarse técnica y jurídicamente", extremo que no se ha producido en Villa Bugatti, y que si hubiera algún error —añade— estaría en el ámbito del contencioso-administrativo y no en el ámbito penal.

Pina concluye que acusar a Mir de un ilícito penal es "ilusorio y totalmente alejado de la realidad", y por eso pide el archivo de las actuaciones contra el exalcalde de Cabrera de Mar. Si la Fiscalía descarta seguir la investigación de Villa Bugatti, el magistrado tendrá que dictar el archivo porque no hay otra acusación en la causa.