Arranca la comisión de investigación en el Parlament de Catalunya sobre los casos relacionados con el escándalo en la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) -actual Dirección General de Protección y Prevención de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA)-. Este lunes ha sido el turno de expertos, entre los que se encontraban los colegios de educadores sociales, trabajadores sociales y pedagogos. Para evitar más escándalos de este tipo, todos ellos han recomendado "dejar de gestionar desde la emergencia", haciendo referencia a los procedimientos de urgencia que se utilizan habitualmente ante la falta de recursos. 

Entre los comparecientes como expertos había representantes de los Colegios Profesionales de Educadores Sociales -Damàs Vidal, de Pedagogos, Pilar Morral y Maribel Mateo– y de Trabajo Social, Eva Giralt. Todos ellos han exigido que la reforma del sistema deje de ser solo un plan teórico y se convierta en medidas reales, poniendo el foco en reducir la institucionalización mediante el fomento de la acogida familiar y la limitación de las residencias a un máximo de veinte plazas. Al mismo tiempo, reclaman mejorar la prevención con apoyo desde el inicio e implantar una cultura de transparencia y evaluación de resultados, advirtiendo que no se puede continuar gestionando el servicio exclusivamente a golpe de urgencia.

Ven con buenos ojos los cambios en la dirección general

Con todo, ven con buenos ojos los cambios impulsados en la dirección general, entre los que se encuentra el cambio de nombre. También se ha cambiado todo lo que tiene que ver con las contrataciones, pagos a entidades y prestaciones económicas y lo gestionarán otras direcciones sociales, como la de Prestaciones Sociales. La conselera Martínez Bravo, en esta línea, también apostó por la desinstitucionalización, que implica cerrar macrocentros y priorizar el acogimiento familiar; que cada jefe de centro tenga más de 20 plazas y reforzar el personal con cerca de 300 profesionales nuevos hasta 2027. 

Aun así, Eva Giralt ha advertido que en los últimos años ha habido muy poca estabilidad en la conselleria en un contexto de "desbordamiento". Esto, según apunta, ha provocado una "difícil continuidad estratégica" en políticas de protección a la infancia. En esta línea, también han pedido más "coordinación y actuación" entre instituciones, administraciones y entidades, así como mejoras de las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en este sector, junto con un plan de recursos enfocado en la psicología para proteger la salud mental de los menores y trabajadores.