La justicia belga ha cerrado la euroorden contra Puigdemont y los consellers al considerar que ha quedado sin objeto. Esto ha pasado después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena lo solicitara para anular la estrategia de la justicia belga, con la pretensión de que el president y los consellers vinieran a España, citarlos a declarar y aplicar las medidas cautelares que creyera oportunas, entre las cuales está la prisión.
Con esta decisión se formaliza también la supresión de las medidas cautelares que les fueron impuestas por el juez de instrucción cuando se entregaron a las autoridades belgas el pasado 5 de noviembre; de este modo, tienen libertad para viajar fuera de Bélgica.
La audiencia se ha celebrado pasadas las 11.30 horas con la presencia de los abogados pero no de los requeridos, y ha durado a penas unos minutos, ya que se trataba únicamente de un trámite para formalizar el cierre del caso. A falta de que el juez de la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia) haga pública su decisión formal, fuentes de la defensa han indicado que en la sesión el magistrado ha confirmado que no había caso y que se daba por cerrado.
Rectificar la "huida"
De hecho, ayer el magistrado del Supremo ya dejó entrever que esperaba que rectificaran su "huida", entraran en territorio español y pidieran declarar por aclarar los hechos.
Con la orden nacional de detención en vigor, la policía podría detener a Puigdemont y a los consellers en el aeropuerto o solo atravesar la frontera. El juez levantó la euroorden con el pretexto de que el president había transmitido su voluntad de venir a Catalunya en el periodo electoral o bien para tomar posesión.
Pero el acta de diputado la puede recoger por poderes. La investidura como president, en cambio, depende de los resultados electorales y de los pactos posteriores.