Una vez más, el Estado vuelve a usar toda su artillería contra el proceso soberanista catalán. Primero fue la suspensión de la conselleria d'Afers Exteriors, después puso la mirada de la comissió del Procés Constituent, y ahora va contra las ponencias de la desconexión.
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha dicho que cuando empiecen a trabajar las ponencias conjuntas de las leyes de "desconexión" del Estado, el ejecutivo español las impugnará ante el Tribunal Constitucional. Catalá, además, ha asegurado que confía en que el alto tribunal las suspenderá y las declarará inconstitucionales.
El ministro en funciones ha reaccionado así ante la admisión a trámite de las solicitudes de Junts pel el Sí y la CUP de crear las ponencias conjuntas de las tres leyes de la desconexión mediante la fórmula de ponencia conjunta, aunque los letrados de la cámara lo desaconsejaban. El resto de grupos de la oposición también han asegurado que estan en contra.
"No hay atajos que puedan eludir nuestra Constitución aunque algunos sigan insistiendo en eso", ha sentenciado el ministro. "No hay ningún proceso de independencia. Catalunya no será independiente con nuestra Constitución vigente y, por lo tanto, los que intentan encontrar caminos que permitan esquivar lo que el Constitucional y la Constitución han establecido, están abocados al fracaso", ha añadido.