En uno de los debates más sensibles de la legislatura europea, el gobierno español se ha desmarcado de la mayoría de Estados miembros en la reforma del Pacto Migratorio. La reunión de los ministros de Interior en Bruselas ha servido para que Fernando Grande-Marlaska dejara claro desde el inicio que España se abstendría en el nuevo mecanismo de solidaridad —que incluye el reparto de inmigrantes entre países— y que votaría en contra tanto del reglamento de retornos como del de “tercer país seguro”. La posición de España llega en un momento en que la UE intenta cerrar una reforma migratoria que ha estado años encallada.

Rechazo al concepto de “tercer país seguro”

Marlaska ha explicado a sus homólogos que el reglamento de tercer país seguro, que permite declarar inadmisible una petición de asilo si el solicitante podía haberla presentado en otro estado, “rompe con la integridad del pacto”. Según ha dicho, la medida introduce cambios profundos antes de que el nuevo sistema entre en vigor y genera “serios dubtes jurídicos”.

El ministro ha advertido que permitir acuerdos no vinculantes con terceros países “genera interrogantes sobre la garantía de una protección efectiva y el respeto a los derechos y las obligaciones de los solicitantes”. También ha señalado que podría afectar a relaciones bilaterales clave para España y provocar distorsiones en rutas migratorias como la Mediterránea o la Atlántica, que quedan fuera de la definición actual de fronteras comunes

Además, ha cuestionado la eficacia práctica del sistema. El hecho de que el criterio de conexión con el país receptor sea optativo, ha dicho, hace difícil asegurar que una persona retornada no intente volver a la UE si no tiene ningún vínculo real con el país donde se pretende enviarla.

Voto en contra del reglamento de devoluciones

España también ha rechazado el reglamento de retornos. Marlaska ha recordado que el texto mantiene el reconocimiento voluntario —y no obligatorio— de las órdenes de expulsión dictadas por otros Estados miembros. A su parecer, esto significa que “no avanzamos nada”.

El ministro ha criticado igualmente la posibilidad de crear centros de deportación fuera de la UE y ha alertado de que algunas medidas podrían vulnerar “el ordenamiento internacional” e incluso la “ley humanitaria internacional”. “Creemos que estas circunstancias no concuerdan con lo que debe ser el respeto al derecho internacional y, concretamente, con los valores de la UE”, ha remarcado.

Abstención en el mecanismo de solidaridad

En cuanto al sistema de reubicación de migrantes y el apoyo económico a los países más presionados, España ha optado por la abstención. El pacto original de 2023 fijaba 30.000 reubicaciones anuales y 600 millones de euros, pero la presidencia de turno del Consejo ha rebajado la cifra a 21.000.

Marlaska ha lamentado este cambio y ha asegurado: “Si se toca la solidaridad, hay que tocar la responsabilidad”. El ministro defiende que las cifras deben responder a las necesidades reales de los países de primera entrada y evitar que tengan que asumir solos la carga inicial de las llegadas.