El presidente español, Pedro Sánchez, no para de enredarse con la situación en el Magreb. España ha extraditado a un activista disidente argelino para contentar a Argel en plena crisis por el alineamiento español con Marruecos, pero un tribunal militar argelino ahora lo ha condenado a muerte. Según informa Público, el argelino Mohammad Benhalima, de 32 años, huyó de Argelia y se refugió en España en septiembre del 2019, cuando supo que era buscado por su participación en el movimiento de protestas Hirak, que denunciaba la corrupción política en el país. El 7 de enero de 2021 fue condenado "in absentia" a diez años de cárcel por compartir vídeos en línea que exponían la corrupción al ejército argelino.

El 24 de marzo, las autoridades españolas rechazaron la solicitud de asilo e inmediatamente después resolvió su expediente de expulsión. Benhalima argumentó que estaba amenazado por Argelia y que había pedido amparo al Gobierno español porque su vida corría peligro. Pero no le hicieron caso. Benhalima, que estaba ingresado en el CIE de València, fue trasladado al aeropuerto y volvió a Argelia. El gobierno argelino tenía mucho interés en esta extradición porque se trataba de un asunto político. Cuando se produjo la extradición, Amnistía Internacional protestó: "Las autoridades habían sido advertidas, mediante recursos jurídicos y llamamientos de la sociedad civil, de que Mohamed Benhalima corre un riesgo elevado de tortura, detención arbitraria y juicio sin las debidas garantías en Argelia, donde este tipo de violaciones de derechos humanos son cada vez más habituales, contra presos de opinión y activistas pacíficos".

La misma madre del detenido ha confirmado que un tribunal militar de Argelia ha condenado a muerte a su hijo. La decisión de España de expulsar a Benhalima se produjo pocos días después de que Marruecos difundió el 18 de marzo la carta que Pedro Sánchez envió al rey Mohammed VI en la que secundaba el paso del Sáhara Occidental al país alauí. Argelia respondió a la misiva con la retirada de su embajador y avisó de que podría acondicionar los contratos de suministro de gas. En este contexto, el Gobierno español decidió extraditar al activista argelino.