El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha dado un plazo de 48 horas a la empresa encargada del servicio de interpretación judicial para que explique qué pasó durante el juicio de Roger Español. En la sesión del jueves, dos intérpretes del catalán al castellano tuvieron dificultades evidentes para realizar correctamente la traducción, hecho que provocó las quejas de Irídia, Òmnium Cultural y la ANC. Espadaler ha calificado el caso de "absolutamente lamentable" durante un acto en Vic de balance de los dos primeros años de mandato y ha asegurado que el Departamento ya ha activado los mecanismos para depurar responsabilidades. "Hemos llamado a la empresa que debía prestar el servicio, le hemos requerido que antes de 48 horas nos dé un conjunto de informaciones y actuaremos con coherencia", ha afirmado.
El Departament de Justícia ya había anunciado el viernes que había requerido explicaciones a la empresa responsable para "aclarar de manera inmediata los incumplimientos" detectados en el servicio de interpretación y garantizar que se ajuste a las condiciones contratadas, pero Espadaler ha aprovechado este sábado para reivindicar que el uso del catalán ante los tribunales es un derecho reconocido legalmente y no una cuestión accesoria. "Hablar catalán, dirigirse en catalán a un tribunal de justicia de Catalunya, también del resto de España, porque la ley lo reconoce así, no es un capricho, es un derecho", ha remarcado.
El conseller, sin embargo, ha admitido que todavía se está "lejos" para que este derecho se pueda ejercer con normalidad y ha defendido que hay que exigir su cumplimiento y, a la vez, garantizar herramientas como los servicios de traducción. "Cuando no funciona, tenemos que poner las cosas en su sitio", ha advertido, antes de concluir que con los derechos lingüísticos "no se juega". Cabe decir, además, que los datos más recientes facilitados por el Departament de Justícia —de 2024— mostraban que las sentencias dictadas en catalán en los juzgados de Catalunya representan solo un 6,5% del total.
Dalmau: "Los servicios de traducción deben funcionar"
Por su parte, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, también ha reaccionado al incidente y ha asegurado que el Govern trabaja para que el uso del catalán en la justicia sea "un derecho efectivo". Desde un acto en El Vendrell, también con motivo de los dos años del ejecutivo, ha afirmado que "hay cosas que no deberían pasar" y ha defendido que en Catalunya se debe poder "hablar en catalán y vivir plenamente". Dalmau ha reivindicado el "esfuerzo importantísimo" hecho para ampliar la oferta de plazas de catalán y reforzar las garantías lingüísticas, y ha recordado que ya se ha abierto un expediente a la empresa responsable del servicio de intérpretes judiciales. "Los servicios de traducción deben funcionar correctamente, que es lo que se espera de un país normal", ha concluido.