La abstención de ERC ha impedido que la consellera de Interior, Núria Parlon, y el director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, tengan que comparecer en el Parlament para dar explicaciones sobre las multas impuestas a manifestantes durante el regreso de Carles Puigdemont el 8 de agosto de 2024. La petición de comparecencia la había impulsado Junts per Catalunya a raíz de los expedientes sancionadores abiertos contra varios asistentes a la concentración, algunos de los cuales con multas de hasta 1.000 euros por, según los Mossos, haber desobedecido a los agentes y roto la línea policial en los accesos del parque de la Ciutadella. Con la decisión de los republicanos de abstenerse, la iniciativa no ha prosperado y los responsables políticos y policiales no tendrán que dar explicaciones a la cámara catalana.

Desde Junts per Catalunya, la reacción no se ha hecho esperar. El vicepresidente y portavoz del partido, y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Rius, ha cargado duramente contra los republicanos. En un mensaje en las redes sociales, ha denunciado que “la abstención de ERC ha impedido la comparecencia de Parlon y Trapero en el Parlament para que den explicaciones para sancionar a los independentistas que se manifestaron el 8A para recibir al presidente Puigdemont. Incomprensible y vergonzoso, una vez más”.

Los juntistas consideran que las sanciones afectan el derecho de manifestación y ya habían reclamado conocer los criterios utilizados por Interior, el número de personas afectadas y la naturaleza de las multas.

Los expedientes sancionadores se derivan de los hechos ocurridos el día de la investidura del presidente Salvador Illa, cuando miles de personas se concentraron en los alrededores del Parlament para recibir al presidente Carles Puigdemont. Según la versión policial, algunos manifestantes habrían intentado superar el cordón de seguridad, hecho que comportó actuaciones con material antidisturbios y la posterior apertura de sanciones administrativas.

Diversos colectivos y afectados han cuestionado estas multas y denuncian que podrían vulnerar derechos fundamentales. A pesar de la polémica, sin embargo, la abstención de la formación republicana ha conseguido que el Parlament no aborde la cuestión en sede parlamentaria, después del bloqueo de la comparecencia.