La Generalitat mantiene que se ha ganado con el aval de los 72 diputados independentistas el derecho a que Moncloa mantenga una relación bilateral con Catalunya para negociar el derecho a decidir. Por ese motivo, el mismo día en que la sala del Parlamento Europeo en Bruselas se llenaba con más de 500 personas escuchando la conferencia del Govern catalán sobre el referéndum, ERC y el PDeCAT volvían a plantar a la vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Senado, donde ha asistido para exponer los acuerdos de la Cumbre de Presidentes Autonómicos del pasado miércoles.

"Hablaremos con el Gobierno siempre que sea con un trato igualitario. Será el momento de poner encima de la mesa: referéndum o referéndum", aseguraba la portavoz de ERC, Mirella Cortés, en la entrada de la cámara alta. A las palabras de la republicana se sumaban las del representante del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, quien se negaba a "la foto", porque el ejecutivo de la Generalitat no asistió a la reunión autonómica. El argumento era el de mantener la coherencia con el president Carles Puigdemont, no participando en una comparecencia sobre la cual no habían llegado a ningún acuerdo.

La cuestión es que Santamaría llegaba casi sin haber acabado de comer, porque justo salía del foro donde el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, participaba en el Casino de Madrid. Allí, Rajoy ya había dejado claros tres puntos: primero, que no habrá negociación bilateral sino reuniones multilaterales con el resto de presidentes; segundo, que no habrá referéndum pactado; tercero, que quiere que Puigdemont abandone la "radicalidad" de la unilateralidad. Por lo tanto, el viaje del president a la Unión Europea, con el vicepresident Oriol Junqueras, y el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, quedaba lejano, no solamente en el espacio, sino en el tiempo, y con un "diálogo extraño" entre ambos ejecutivos. Lo decía Cleries denunciando el "boicot" al acto, instigado por el portavoz del Partido Popular en la UE, Esteban González Pons.

Santamaría se ha intentado sobreponer al vacío a su comparecencia afirmando que España es un "Estado complejo", y que es necesario fomentar espacios como la conferencia de presidentes. La vicepresidenta ha vuelto a elogiar a los asistentes, y como si nadie faltara, ha afirmado que la del miércoles anterior había sido una de las imágenes "más constructivas" de la política en los últimos tiempos. Aun así, fuentes republicanas han explicado a este diario que la número dos del Ejecutivo ha reiterado que se quedaran, cuando al principio del acto ERC y PDeCAT le han explicado por qué se iban.

Pero el debate sobre el nuevo modelo de financiación en el Estado pone en cuestión la productividad de la cumbre, en términos territoriales. La vicepresidenta ha indicado que al menos 11 comunidades ya habían designado sus expertos, de manera que el engranaje empieza ya a girar sin Catalunya, como avisó Rajoy. Es la primera vez que ésta quedará al margen del inicio de los trabajos para emprender un proyecto de esta magnitud, después de haber sido quien lideró todas las reformas relativas a la financiación en el pasado.

La ministra no se da por vencida y se refugia en los partidos de la oposición catalana del plante de Junts pel Sí, huyendo del criterio partidista. Durante la comparecencia en la Comisión General de este martes Santamaría se ha referido a Óscar Guardingo (En Comú Podem), José Montilla (PSC) y de Xavier García-Albiol (PP) para avisarles de que ellos también son voz de los catalanes en la cámara alta.

Sobre el resto de acuerdos alcanzados, Santamaría ha anunciado al creación de un Comisionado del Gobierno para el afrontar el reto demográfico, y ha adelantado algunas fechas de futuras reuniones. La Comisión General de Comunidades del Senado se reunirá el día 27 de febrero para debatir sobre educación y en la semana del 6 de marzo para abordar la violencia de género; el Consejo sobre la Unidad de Mercado lo hará a su vez el día 22 de febrero, para ir avanzando en acuerdos como la tasa de reposición o la movilidad de funcionarios entre administraciones. Pero ni Catalunya ni Euskadi estarán porque rechazan el "café para todos" autonómico.