La negociación por la ley audiovisual estatal continúa. Y si bien el Gobierno espera cerrar el acuerdo con ERC en los próximos días, los republicanos no se atreven a poner fecha a cuando se alcanzará el acuerdo después de la jarrón de agua fría que supuso que el acuerdo alcanzado quedara aguado: la obligatoriedad de incluir una cuota para lenguas cooficiales del 6% del contenido sólo es aplicable a plataformas con sede en España, lo que excluye gigantes como Netflix y HBO.

Los republicanos decidieron no enmendar a la totalidad los presupuestos si se blindaba el catalán en el audiovisual. La letra pequeña, sin embargo, les ha estropeado el plan. Ahora intentan enderezarlo incorporando nuevos elementos. Según fuentes republicanas, en las negociaciones piden a Moncloa que obligue a todas las plataformas audiovisuales -con sede en España o no- a financiar producciones en catalán, también que el Estado destine dinero para el doblaje y que batalle la obligación de incorporar la producción que ya está doblada o subtitulada en los catálogos de las plataformas.

Sea como sea fuentes republicanas consideran que las negociaciones, alguna cosa positiva tienen, y es que por primera vez se está obligando en el Gobierno a proteger el catalán en el audiovisual a través de la ley. El reclamo en concreto que la Moncloa fije un porcentaje de los beneficios de las plataformas en la producción de lenguas cooficiales se está materializando en que el Gobierno se ha abierto a establecer que cada año un 0,7% de esta cuota tenga que ir a producción en catalán, gallego o vasco. Eso podría suponer unos 15 o 20 millones de euros anuales.

Sobre la introducción de materiales ya existentes doblados o subtitulados en los catálogos de las plataformas, los republicanos también lo ven como un elemento importante y las mismas fuentes de la negociación destacan que las productoras no son contrarias a introducirlo siempre y cuando se los le facilite.

Al margen de esta cuestión, los de Gabriel Rufián también reclaman fijar mediante una disposición adicional a la ley la creación de un fondo para el doblaje de series y películas donde el Estado esté obligado a destinar dinero, a fin de que el Gobierno se haga corresponsable de esta traducción. Así pues, por primera vez, el Estado tendría que contribuir a financiarlo.

Hermetismo en La Moncloa

Mientras tanto, por parte del Gobierno es todo hermetismo. Este mismo mediodía ha comparecido la vicepresidenta Nadia Calviño, responsable del proyecto de ley audiovisual, pero no ha querido avanzar ningún tipo de detalle. Le han preguntado hasta cuatro veces por la cuestión, y Calviño se ha limitado a decir que ahora la iniciativa empezará la tramitación en el Congreso y el Senado, que hay en marcha una negociación con los republicanos y que "está avanzando".

¿Cómo se resolverá el enredo de las plataformas internacionales como Netflix o HBO Max? La vicepresidenta económica ha insistido en que hay que encontrar el equilibrio entre el impulso del Estado español como hub audiovisual y el impulso de las lenguas cooficiales, "con el que estamos plenamente comprometidos". De la misma, la ley audiovisual se tendrá que situar dentro de la directiva comunitaria. "En este contexto estamos trabajando. Y estamos avanzando de buena manera", ha concluido Calviño. Fuentes del ejecutivo señalan que la voluntad es de llegar a un entendimiento antes del 22 de diciembre, cuando los presupuestos del Estado finalizan su trámite en el Senado.