ERC, JxCat, EH Bildu y el grupo de Izquierda Confederal –en el que hay los comunes- reclaman una comisión de investigación del proyecto Castor en el Senado. El objetivo es investigar los hechos, intentar recuperar el dinero invertido y "dirimir" las responsabilidades políticas, técnicas y económicas de "todos aquellos que autorizaron, tramitaron, gestionaron y aprobaron la puesta en funcionamiento del proyecto fallido, así como las responsabilidades de las diferentes empresas". La senadora de ERC Sara Bailac ha asegurado que su formación insta desde el 2013 a investigar los hechos en el Parlament, en el Congreso y en el Senado sin que "ninguna de las iniciativas haya llegado a su fin".

En este sentido, Bailac ha criticado la actitud del PP y del PSOE que "no han tenido voluntad política para permitir que se depuraran responsabilidades y se aclararan los hechos". "Hasta día de hoy ningún gobernante ni las empresas que hicieron negocio han asumido ninguna de sus responsabilidades, que, como siempre, han recaído sobre los ciudadanos y los consumidores de gas", ha dicho.

En el documento que han registrado, las formaciones aseguran que nunca hubo transparencia en el proceso de adjudicación de las obras del almacén de almacenaje subterráneo de gas natural delante de las costas de Castellón y que, por eso, sólo se pudo presentar una empresa: ACS de Florentino Pérez que, a su vez, "era el principal accionista de la empresa gestora del almacén de gas Escal UGS".

El escrito recuerda que el informe redactado en 2012 por la Secretaría de Estado de Energía, ACS podría haber incrementado hasta el 17% su beneficio industrial gracias a la construcción del proyecto Castor.

El 13 de junio del 2013 se empezó a inyectar gas natural en el almacén subterráneo y después de que se registraran centenares de terremotos en la zona, el 26 de septiembre el Ministerio de Industria ordenó el cese de la actividad. La instalación, recuerdan, "todavía estaba en fase de pruebas y, por lo tanto, no era operativa". A pesar de eso, en julio del 2014 Escal renunció a la explotación del proyecto y el mes de octubre el Gobierno ordenó a ENAGAS la hibernación y mantenimiento de las instalaciones así como una "indemnización" de 1.350 millones de euros en un plazo "rapidísimo de 35 días".

Todo esto, añaden, avalado por una cláusula que lo autorizaba aunque podía existir "negligencia" por parte de la empresa. "Esta cantidad más los respectivos intereses, serán pagados durante 30 años por los consumidores de gas a través de sus recibos", insisten. Las formaciones recuerdan que parte del decreto que avalaba la decisión fue declarado "inconstitucional" por el TC pero "todo parece indicar que el Gobierno no ha hecho gran cosa para aplicar la sentencia".

Posteriores sentencias del Constitucional y del Supremo "dejaron bien claro que los consumidores no tenían que pagar los costes de mantenimiento de la planta". Además, a finales de abril del 2015 la Eurocámara instó a la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones a tomar medidas para evitarlo. En 2017 el TC avaló la decisión de la Eurocámara. Por otra parte, recuerdan que este mes de junio el Supremo ha "obligado" al ejecutivo a devolver a los consumidores de gas 18 millones de euros por el concepto de mantenimiento, operatividad de Enagás, con cargo a los ingresos por peajes y cánones del sistema por considerarse "inconstitucionales".